Presupuestos Generales del Estado para el Ministerio del Interior 2012:
Seguridad Ciudadana
Las medidas que se llevan a cabo en este ámbito abarcan principalmente la
lucha contra la delincuencia organizada en general y contra el terrorismo en particular, la
lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, la lucha contra la inmigración
irregular, y la coordinación y especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
otros Cuerpos Policiales, tanto en el ámbito nacional como internacional.
El Ministerio del Interior desarrolla estas funciones a través del la Secretaría
de Estado de Seguridad, en la que se integran las Direcciones Generales de la Policía
y de la Guardia Civil.
El Presupuesto para el año 2012 se ha diseñado con el fin de atender la
demanda de seguridad que la sociedad exige. Para ello se han fijado metas sectoriales
que, fundamentalmente, son las siguientes:
– Impulso a los servicios antiterroristas del Estado con una dotación
eficiente y racional de medios humanos, materiales y tecnológicos.
– Incremento y potenciación de la cooperación política, judicial y de
inteligencia en los ámbitos nacional e internacional.
– Apoyo a la estrategia de cooperación, especialmente con el Magreb-Sahel,
con Estados Unidos y con nuestros socios estratégicos.
– Impulso de los mecanismos operativos y de inteligencia antiterrorista de
la Unión Europea.
– Cooperación bilateral y multilateral con los Estados Miembros de la Unión
Europea, en especial mediante el despliegue de equipos conjuntos de investigación y la
utilización del principio de disponibilidad inmediata de la información.
– Potenciación de la actuación conjunta de las unidades especializadas de
la Policía y de la Guardia Civil.
– Refuerzo de la cooperación con los servicios antiterroristas de la
Ertzaintza y de los Mossos D´Esquadra.
– Desarrollo del Plan de Protección de Infraestructuras Críticas.
– Consolidación de nuestra red de agregados en el exterior, especialmente
en los países de la cuenca del Mediterráneo, y en Oriente Medio, teniendo en cuenta los
intereses nacionales en esta área y la necesidad de intercambio de información operativa
sobre islamismo radical de carácter violento.
– Potenciación de la información, especialmente en materia antiterrorista,
encaminada a la investigación de personas próximas al entramado de las organizaciones
terroristas, y por otra parte, la investigación y el análisis de las acciones terroristas allí
donde se produzcan, cuyo fin primordial es la identificación y detención de los autores de
las mismas.
– Elaboración e implantación de un Plan de Lucha contra la Radicalización.
– Plan Integral de Lucha contra la Financiación del Terrorismo Internacional.
– Apoyo e impulso a la labor de la Comisión de Vigilancia de Actividades de
Financiación del Terrorismo, cuyas actuaciones más relevantes han sido llevadas a cabo
por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias.
– Aprovechamiento de las ventajas que, en materia de información, se
derivan de la publicación, en octubre de 2007, de la Ley 25/2007, de conservación de
datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de
comunicaciones, en transposición de la Directiva europea sobre esta materia. Esta
disposición legal, constituye una herramienta fundamental para la investigación de los delitos, y muy especialmente, en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada y
terrorista.
– Potenciación de la labor del Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista (CNCA), optimizando sus recursos humanos, su formación y sus medios
tecnológicos de apoyo, reforzando su labor de análisis y prospectiva y fomentando sus
relaciones y colaboración en el ámbito internacional con las principales estructuras de
carácter análogo, una docena a lo largo de los cinco continentes, destacando
especialmente la colaboración con los centros del Reino Unido, Francia, Estados Unidos,
Australia, Singapur, y el de la Unión Africana, con sede en Argel.
– Desarrollo de una estrategia contra atentados terroristas y emergencias
nucleares, radiológicas, biológicas y químicas (NRBQ).
– Desarrollo de un Plan para la capacidad de respuesta contra atentados
de gran envergadura.
– Programa de racionalización de la distribución geográfica de recursos y
equipos de Policía Judicial.
– Plan Especial de Seguimiento e Investigación en las zonas geográficas
en las que se tiene constancia de asentamiento de organizaciones criminales y de
actividades vinculadas al crimen organizado.
– Establecimiento de Protocolos para la eliminación expeditiva y con todas
las garantías de los efectos ilícitos decomisados.
– Adopción de medidas normativas para que los vehículos, medios
materiales e instrumentos empleados por los delincuentes puedan ser puestos de forma
inmediata a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
– Enajenación inmediata de los productos derivados de los ilícitos mediante
procedimientos transparentes, destinando las cantidades obtenidas a la reparación de
víctimas y al Tesoro Público.
– Fortalecimiento de las unidades que en el Cuerpo Nacional de Policía y
en la Guardia Civil se encargan de perseguir los delitos cometidos en la Red.
– Creación de instrumentos de colaboración entre el sector público y el
sector privado para la protección contra los ciberataques.
– Desarrollo de un programa pedagógico de prevención del crimen y del
acoso a través de la Red, en colaboración con los Centros Educativos, que se pondrá a
disposición de los mismos.
– Fortalecimiento de los canales de intercambio de información con los
servicios de inteligencia y policía de terceros países, así como con Europol, Interpol y
otros organismos internacionales.
– Potenciar las funciones del Centro de Inteligencia contra el Crimen
Organizado, incluyendo la cooperación con los cuerpos autonómicos y centros de
inteligencia de otros Estados.
Fuente:
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presu ... 2_A_G6.PDF
Gastos reservados para 2012: 6.709.000,61 €
