En la última década el sector de la seguridad privada ha alcanzado una notable expansión, e incluso ha llegado a influir en determinadas operaciones militares. Las opiniones sobre la naturaleza de estas empresas y el papel que pueden desempeñar en un conflicto armado están todavía muy divididas. Por un lado resulta inevitable su asociación con los mercenarios clásicos, con toda su carga negativa. Por otro, representan un instrumento que se ha demostrado muy útil, y hasta indispensable, en la gestión y resolución de determinados conflictos, aunque se han sufrido también experiencias menos positivas en otros.
En cualquier caso, el fenómeno de la seguridad privada sigue en auge, y la presencia de este tipo de organizaciones resulta cada vez más frecuente en escenarios de conflicto, en los que pueden convertirse en apoyos o competidores de los ejércitos regulares, o quizá incluso en adversarios en un futuro. Por eso se hace preciso un estudio de sus verdaderas capacidades, y de la experiencia de su utilización en los últimos conflictos bélicos.
LA NATURALEZA DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
Frecuentemente se despacha a las empresas privadas de seguridad con un calificativo muy simple: mercenarios. Pero la realidad suele ser bastante más compleja. En primer lugar, la inmensa mayoría de estas empresas incumplen una de las premisas básicas del mercenario ya que su personal no participa en combates directos. La labor más común suele ser la de asesoramiento y asistencia militar y, cuando asumen la seguridad física de personas o instalaciones, solo utilizan la violencia en caso de ataque directo contra aquello que protegen.
En segundo lugar las actividades que desarrollan estas compañías son enormemente variadas, y muchas de ellas muy alejadas de los típicos cometidos de los mercenarios. Entre ellas puede encontrarse, aparte de los ya mencionados, el apoyo logístico; la gestión de contratos de armamento; el asesoramiento sobre riesgos a gobiernos, empresas y organizaciones internacionales; la inteligencia; el desminado; el asesoramiento, y adiestramiento en la autoprotección de miembros de ONG en zonas de conflicto, etc.
También es cierto que algunas empresas privadas de seguridad han sido meras agencias de contratación de mercenarios y tráfico ilegal de armas, pero el sector se defiende alegando que esto se ha producido en contadas ocasiones. En cualquier caso la contratación de mercenarios está penada en la mayoría de los Estados, por lo que resulta difícil la actuación abierta de empresas que se dediquen a ello, aunque argucias relacionadas con la subcontratación y la creación de compañías subsidiarias permite eludir en ocasiones la persecución legal.
Pero, pese a que resulte difícil calificar a la inmensa mayoría de las empresas de seguridad como mercenarios, lo cierto es que el papel que desempeñan en los conflictos armados viene a ser muy similar al que ejercían los mercenarios clásicos. La reducción generalizada de los ejércitos, incluso de los más poderosos; la extensión de cierto caos político en gran parte del mundo, y las facilidades que proporciona la globalización para el movimiento de personas, capitales y bienes han hecho inevitable que el hueco que ocupaban los mercenarios en los conflictos armados vuelva a aparecer, adaptado a las peculiaridades legales de la época actual.
LA EXPERIENCIA
Las empresas privadas de seguridad han tomado parte en numerosos conflictos durante los años noventa del pasado siglo, y en la presente década. Su actividad se ha popularizado últimamente debido al empleo masivo, apoyado desde el poder político, que ha hecho de ellas EE.UU especialmente en Iraq y Afganistán. Pero los ejemplos en los que las compañías de seguridad han desarrollado un papel más decisivo son menos conocidos. Habitualmente se cita a Sierra Leona y Croacia.
En Sierra Leona la intervención de la compañía sudafricana Executive Outcomes (EO) se ha convertido en un clásico a la hora de señalar las posibilidades de las empresas privadas para resolver un conflicto con bajo coste y razonable eficacia.
EO fue fundada en los años ochenta y, desde su aparición, fue una versión renovada de los clásicos grupos mercenarios en África, representando el lado más agresivo, y también más oscuro, de las compañías privadas de seguridad. A principios de los noventa consiguió un contrato del gobierno angoleño para la protección de instalaciones petrolíferas contra los ataques de los rebeldes de UNITA. Su éxito en esta misión les granjeó un notable prestigio que probablemente influyó en que fueran contratados, en 1995, por la Junta Militar de Sierra Leona, agobiada por el avance de las fuerzas rebeldes del RUF (FrenteRevolucionario Unido) hacia la capital, Freetown.
Sobre este contrato se han hecho numerosas especulaciones, siendo probable que influyeran en él las poderosas empresas mineras europeas, que veían como sus explotaciones de diamantes quedaban inutilizadas por la huida de los técnicos que las gestionaban. El apoyo, o quizá simplemente la conformidad, de algunos Estados europeos a la intervención de EO parece también bastante probable.
El caso es que el personal de EO consiguió un efecto arrollador en unos meses. Gestionando la compra de helicópteros ex-soviéticos MI-17 y MI-24, y proporcionando las tripulaciones, logró dotar de una enorme movilidad y potencia de fuego a las fuerzas gubernamentales. Los MI-24 barrieron columnas enteras del RUF en las cercanías de la capital y obligaron a los rebeldes a replegarse casi 100 Km hacia el interior del país. El equipamiento y adiestramiento de los guerreros tribales kaamajor les convirtió en una fuerza capaz de enfrentarse al RUF en la jungla y, finalmente, una serie de incursiones de mercenarios sudafricanos lograron expulsar al RUF de la mayor parte de las zonas mineras. A finales de 1996 los rebeldes aceptaban conversaciones de paz.
Todo esto se consiguió con un contrato de 35 millones de dólares durante 21 meses. Nunca hubo más de 300 miembros de EO en Sierra Leona y solo 6 de ellos resultaron muertos en combate. Cuando la compañía dejó el país en 1997, se produjo un golpe de estado que reinició de nuevo la guerra civil. Se realizó un despliegue de observadores de la ONU (UNOMSIL) que costó 47 millones de dólares en 8 meses, y que tuvo que ser evacuado en su totalidad en 1999, cuando las fuerzas del RUF avanzaron de nuevo sobre la capital.
Evidentemente EO se mostró muy eficaz en su tarea, aunque muchos aspectos de su actuación fueron discutibles. Pero EO actuó en las condiciones ideales para que una compañía de seguridad privada pudiera demostrar su eficacia: una situación al borde del caos; un enemigo desorganizado y pobremente armado; grandes intereses económicos, y muy poca voluntad por parte de las potencias occidentales (entonces enzarzadas en la crisis bosnia) para desplegar fuerzas regulares en ese escenario. EO se demostró capaz, a un bajo coste, de solucionar un problema que los ejércitos regulares no podían afrontar en aquel momento.
Un caso muy diferente es el de la compañía norteamericana MPRI (Military Professional Resources Inc.). Surgida en el seno de las fuerzas armadas norteamericanas, e integrada fundamentalmente por militares en la reserva, MPRI actúa siempre en beneficio de los intereses de la política exterior de su país. Su presidente es Carl Vuono, Jefe de Estado Mayor del Ejército entre 1987 y 1993, y en su nómina hay más de 300 Generales en la reserva, aparte de un gran número de oficiales, suboficiales y técnicos civiles.
En 1994 MPRI obtuvo un contrato de asesoramiento y asistencia militar al ejército croata. Dos años antes este era poco más que una milicia mal armada y repetidamente humillada por las fuerzas serbocroatas de las Krajinas. El embargo internacional de armas sobre los beligerantes balcánicos daba además pocas opciones para reconstruir una fuerza creíble. Pero en mayo de 1995 las fuerzas croatas daban la sorpresa lanzando una rápida ofensiva con fuerzas mecanizadas que ocupó en 72 horas el enclave serbocroata de Eslavonia Occidental. Tres meses más tarde se lanzaba la mayor ofensiva mecanizada en Europa desde la II Guerra Mundial, ocupando en cuatro días el territorio de las Krajinas, y aplastando fácilmente a los 25.000 soldados serbocroatas que lo guarnecían.
MPRI negó siempre tener algo que ver con estas operaciones, al menos de forma directa. Su contrato era simplemente para facilitar la transición hacia un ejército democrático. Pero sin su apoyo resulta casi inexplicable que el ejército croata fuese capaz de emprender ese tipo de ofensivas, organizando un complejo sistema de mando y control, y poniendo operativas una fuerza aérea de 50 MIG-21, y una considerable fuerza blindada de 300 carros.
Tras los acuerdos de Dayton, MPRI recibió un nuevo contrato para gestionar la reconstrucción del ejército de la Federación Bosnia. El programa de equipamiento incluyó la entrega de material militar norteamericano y el adiestramiento para su empleo y mantenimiento.
EO y MPRI representaron los polos opuestos del sector de la seguridad (EO fue disuelta en 1998 por el endurecimiento de las leyes sudafricanas contra la contrata de mercenarios). Por un lado, una empresa que ofrecía una versión actualizada y adaptada al mercado de los clásicos mercenarios, y por otro una compañía que era en realidad una prolongación del ejército regular de un Estado. Pero ambas se demostraron notablemente eficaces participando en la solución de crisis en las que resultaba poco atractivo empeñar fuerzas regulares.
En Iraq la labor de las compañías de seguridad ha sido menos espectacular, pese a que se las ha utilizado de forma masiva. De hecho, se confiaba en que gran parte de la fase de estabilización fuese liderada por diferentes compañías privadas, permitiendo mantener un contingente militar reducido sobre el terreno. Prácticamente todas las compañías del ámbito anglosajón lograron contratos en Iraq, que incluían desde el abastecimiento y manutención de las fuerzas norteamericanas hasta el mantenimiento de equipos, servicio de intérpretes, expertos en inteligencia, entrenamiento y equipamiento de las fuerzas iraquíes; protección de las instalaciones petrolíferas y seguridad a personas. Incluso el hombre inicialmente escogido para liderar la reconstrucción era el General retirado Jay Garner, presidente de SY Coleman Inc., una empresa relacionada con MPRI.
Frente a la dureza de la insurgencia que pronto se desarrolló en el país, las compañías de seguridad demostraron sus limitaciones. Muchos de sus empleados comenzaron a ser asesinados, heridos o secuestrados. Lógicamente esto encareció notablemente sus servicios con varios efectos negativos. Algunos programas de reconstrucción perdieron gran parte de su presupuesto inicial en gastos de seguridad; otros sencillamente no pudieron llevarse a cabo porque la previsión del gasto en seguridad era excesiva.
Las subcontratas locales se demostraron aún más vulnerables a los ataques de la insurgencia y su servicio se convirtió en inseguro. El transporte de abastecimientos, por ejemplo, recayó en gran parte en compañías jordanas, turcas y kuwaitíes, pero casi cada día algún empleado era asesinado o secuestrado. En los momentos más álgidos de la actividad insurgente el abastecimiento de las fuerzas norteamericanas llegó a sufrir carencias, y el propio General Ricardo Sánchez reconoció que eso afectó a la capacidad ofensiva de sus fuerzas en la sangrienta primavera de 2004.
Algunas de las ventajas teóricas de las compañías privadas sobre los ejércitos regulares quedaron en entredicho, como la presunción de que las bajas de los empleados civiles tienen un impacto menor que las de los soldados. A finales de marzo de 2004, el asesinato de cuatro empleados de la empresa Blackwater en Faluya, y la vejación filmada de sus cadáveres, supuso un duro golpe para la opinión pública norteamericana, y forzó una apresurada ofensiva contra la ciudad rebelde que terminó de forma humillante por falta de preparación y efectivos. El secuestro y asesinato filmado de otros contratistas causó también un gran impacto público, e hizo subir de forma exorbitante los sueldos de los empleados de las empresas de seguridad, que se vieron forzadas a buscar nuevos aspirantes en países en desarrollo, dispuestos a arriesgar su vida por menores salarios.
CONCLUSIONES
Sierra Leona y Croacia son ejemplos de lo que las compañías privadas de seguridad pueden hacer, mientras que Iraq lo es de sus limitaciones. En los dos primeros casos estas empresas se utilizaron como una alternativa al despliegue de fuerzas regulares en escenarios complejos, en los que la intervención directa tenía un fuerte coste político y de opinión pública. En ambos casos, además, era fácil invertir el equilibrio de fuerzas en el conflicto, en Sierra Leona porque el RUF era poco más que bandas de adolescentes bajo los efectos de drogas diversas, y en Croacia porque las milicias serbias estaban aisladas, divididas y saturadas por el combate contra múltiples adversarios.
En estas situaciones las empresas privadas constituyen un útil instrumento en manos de los gobiernos, y probablemente esta es la razón por la que se tolera a las más agresivas como EO y Sandline, y se potencia a las más fieles a las políticas gubernamentales como MPRI.
Iraq era también un escenario complejo, con fuertes problemas para el despliegue de un gran número de efectivos regulares. La magnitud de la tarea hacía este despliegue inevitable en una primera fase, pero después se intentó la sustitución parcial de las fuerzas armadas por compañías privadas. La existencia de un adversario duro, fanático y bien organizado dio al traste con todas las expectativas. Las empresas privadas se mueven, después de todo, por la expectativa de beneficios y, si esta se pierde, sencillamente no pueden actuar. La gran ventaja de los ejércitos regulares es que son capaces de combatir en condiciones en las que una empresa privada se declararía en ruina.
El dilema sobre el empleo de compañías privadas en las operaciones futuras se mantiene abierto. En algunos casos esta externalización, como habitualmente se la denomina, es inevitable. Por ejemplo en el mantenimiento de sistemas de armas y equipos complejos y en otras tareas logísticas.
Actualmente las fuerzas armadas norteamericanas confían a estas empresas el mantenimiento de sus sistemas más avanzados, incluyendo los bombarderos estratégicos B-2. No hacerlo implicaría unos gastos inasumibles en la formación de personal técnico. En el campo de la protección de instalaciones, la seguridad de personas y la asistencia militar, su utilización, siempre que se regule adecuadamente, puede ser muy valiosa, ya que resulta difícil disponer de efectivos militares o policiales para atender a todas estas tareas.
Pero en la intervención directa en tareas directamente relacionadas con el combate las desventajas pueden llegar a ser abrumadoras. Como les ha ocurrido a la mayoría de los mercenarios a lo largo de la Historia su capacidad para combatir contra adversarios bien organizados y motivados es reducida. La situación legal de sus empleados es frecuentemente incierta, tanto a la hora de pedir responsabilidades como en el caso de que sean hechos prisioneros. Resulta muy difícil integrar a empleados civiles de una compañía privada en una cadena de mando militar, y la unidad de acción se resiente enormemente. Las propias compañías suponen un serio competidor para las fuerzas armadas a la hora de conseguir personal. Precisamente los profesionales que más tiempo y dinero cuesta formar son los que se sienten más tentados por los altos salarios del sector privado.
Pero, por encima de todo, las compañías privadas de seguridad, cuando entran en los ámbitos de enfrentamiento habitualmente reservados a los ejércitos, ponen en peligro el principio de monopolio de la violencia sobre el que se han construido los Estados. Si se repasa la Historia, los ejércitos privados surgen cuando los ejércitos regulares flaquean, y empiezan a ser incapaces de cubrir sus misiones naturales. Y el resultado de los sucesivos períodos de auge de los ejércitos privados termina siempre en el caos. Los ejércitos nacionales, de los que somos herederos surgieron en gran medida como reacción a la hecatombe que los mercenarios provocaron en el siglo XVII, durante la Guerra de los Treinta Años, en la que algunas regiones de Europa Central quedaron devastadas de una forma que no se ha vuelto a repetir, ni siquiera en la II Guerra Mundial.
Así pues es preciso mantener cierta cautela respecto a la participación de empresas privadas de seguridad en las operaciones militares. Probablemente en algunos aspectos será inevitable, pero en muchos otros no es deseable. Por eso resulta llamativo observar en ocasiones el entusiasmo de algunos profesionales de la milicia por la incorporación de empresas civiles a las operaciones militares, quizá entendido como un signo de modernidad.
Se trata de un fenómeno un tanto surrealista. Casi tanto como la imagen de una compañía discográfica alentando la comercialización del grabador de CD.
BIBLIOGRAFÍA
- SHEARER, David. Private Armies and Military Intervention, Adelphi Paper 316, (Oxford: Oxford University Press, 1998).
- AVANT, Deborah. «Privatizing military training», Foreign Policy in Focus, Vol. 7, No 6, (2002), Disponible en
http://www.fpif.org/pdf/vol7/06ifmiltrain.pdf.
- CAMM, Frank. Expanding Private Production to Defense Services, (Santa Monica: RAND, 1996).
- SHEARER, David. «Outsourcing War». Foreign Policy. 1998. Disponible en
http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vern ... naries.htm.
- ADAMS, Thomas K. «The new mercenaries and the privatization of conflict». PARAMETERS. US War College. Summer 1999. Disponible en
http://carlisleww.army.mil/usawc/Parame ... /adams.htm.
- CONESA, Pierre. «Modernes mercenaries de la securité », Le Monde Diplomatique, p. 22. (Avril 2003).
- SMITH, Eugene B. «The new condottieri and US policy: the privatization of conflict and its implications», Parameters, Winter 2002-2003. Disponible en
http://carlisle-www.army.mil/usawc/Para ... /smith.pdf.
