que casualidad, hubo un ¿gazapo, error...? y pusierón AVT por ANV . Ultimamente hay muchas cuestiones de este tipo, con informaciones sibliminales.Negociaciones políticas con ETA
Moderadores: Mod. 4, Mod. 5, Mod. 3, Mod. 2, Mod. 1
Sí, con el PSOE a lo largo del tiempo pasan en la tele pública cosas muy chachis:
- mundial de Méjico: Gol de Butragueño a Dinamarca y sale una cortinilla con el siguiente texto "Vota PSOE".
- información en el telediario sobre un acto político de Rajoy y se intercalan imágenes de las torturas en Abu Graib.
Siempre van en el mismo sentido, y mirad por dónde nunca ponen imágenes del presidente zapaterial insertando la palabra GAL, por ejemplo.
- mundial de Méjico: Gol de Butragueño a Dinamarca y sale una cortinilla con el siguiente texto "Vota PSOE".
- información en el telediario sobre un acto político de Rajoy y se intercalan imágenes de las torturas en Abu Graib.
Siempre van en el mismo sentido, y mirad por dónde nunca ponen imágenes del presidente zapaterial insertando la palabra GAL, por ejemplo.
Según ABC el hombre clave entre las dos mesas de negociación (la bilateral Estado-ETA y la de partidos) es el batasuno Joseba Alvarez.
Entre otras cosas el ABC informa hoy de lo siguiente:
Entre otras cosas el ABC informa hoy de lo siguiente:
...El propio Álvarez ha solido reconocer que aunque pacificación y normalización se dirimen en dos foros diferentes, según la «hoja de ruta» de Anoeta, en la práctica «es evidente que el acuerdo político es integral, y que no va a haber acuerdo de desmilitarización si no lo hay en la normalización y viceversa».
Pero en su intento de evitar en última instancia la suspensión del «alto el fuego permanente, el Gobierno asumió el pasado mayo esa «hoja de ruta» que contempla el funcionamiento paralelo de las dos mesas. ETA supo, en «tiempo real», que el PSOE y Batasuna no alcanzaban ningún tipo de acuerdo político, entre otras razones, porque la coalición exigía de entrada la unificación del País Vasco y Navarra, y por ello despidió a los emisarios de Zapatero con la advertencia de que ponía fin a la tregua.
El responsable del «aparato internacional» de Batasuna, hijo de José Luis Álvarez Emparanza, «Txillardegi», uno de los fundadores de ETA, ha ido adquiriendo un importante protagonismo durante el «proceso».
En el reparto de papeles llevado a cabo en la coalición ilegal para afrontar la estrategia negociadora, Joseba Álvarez, en su condición de responsable del «aparato internacional», se encarga de recabar en el extranjero apoyos para el «proceso de paz» y de captar el mayor número posible de observadores e intermediarios internacionales. Tras su reciente estancia en Suráfrica, tiene previsto en breve hacer «gestiones» en diversos países de Europa.
La necesidad permite lo prohibido.
Nueva entrega del GARA: cómo se gestó la declaración de ZP anunciando el "proceso".
2007 junio 20
GARA > Ultima hora >
NEGOCIACIÓN GOBIERNO-ETA: HASTA EL «PUNTO CERO»
Gobierno y ETA acordaron el alcance del alto el fuego y la declaración de Zapatero
Ni el alto el fuego permanente proclamado por ETA el 22 de marzo de 2006 ni la declaración efectuada por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el 29 de junio del mismo año fueron iniciativas unilaterales. Ambas cuestiones habían sido largamente debatidas, maduradas y consensuadas por interlocutores de ambas partes entre julio y noviembre de 2005. Se pactaron también las llamadas «garantías» y las condiciones para las siguientes fases.
21/06/2007 0:32:00
GARA |
En julio de 2005, sin que nadie lo supiera, una delegación de ETA y representantes del Gobierno español se sentaban juntos en un lejano país europeo para llevar a cabo más de una decena de reuniones consecutivas en las que lograron cerrar un acuerdo que daba impulso a la búsqueda de un proceso de resolución. Al final, ambas partes suscribieron unos compromisos de índole política que ratificarían cuatro meses más tarde. El acuerdo incluía tanto el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA como el contenido del mensaje del presidente del Gobierno español, junto a una serie de garantías de las que GARA dio cuenta hace ahora casi un año.
Este diario está en condiciones de explicar cómo se llevó a cabo esa negociación preliminar que llevaría hasta el denominado por ambas partes «punto cero». Este término se acuñó para hacer referencia al momento en que se acordara el contenido de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero.
Las reuniones se realizaron con la mediación y colaboración de una organización internacional especializada en resolución de conflictos.
La fase más intensiva de los contactos que cuajaron en un acuerdo se produjo en julio, facilitada ya por factores como las conversaciones políticas entre PSOE y Batasuna durante varios años (25 reuniones antes del alto el fuego, según informó GARA recientemente) o por la llegada de Zapatero a La Moncloa.
Estas conversaciones tuvieron el formato y el desarrollo de un auténtico y profundo proceso de negociación. Tras unos prolegómenos en los que las dos partes coincidieron en aspectos como la necesidad de dejar a un lado las experiencias frustradas del pasado (el Gobierno admitió expresamente que tanto el diálogo de Argel en 1987 como el de Zurich en 1999 «habían nacido muertos a nivel teórico y de metodología») y en la que ambos destacaron también las posibilidades abiertas por el método establecido en Anoeta, se entró de lleno en la cuestión central: abordar el modo en que el presidente español haría una declaración de respeto a la decisión de la ciudadanía vasca y cómo previamente ETA proclamaría un alto el fuego que terminaría siendo definido como «permanente» en el acuerdo.
Propuestas y contrapropuestas
Para consensuar estas cuestiones hicieron falta más de diez reuniones de entre dos y tres horas de duración en el mes de julio, que dieron pie a los acuerdos, refrendados por ambas partes en otra ronda de reuniones producidas en el mes de noviembre de 2005.
Así, la definición de algunos de los párrafos de la declaración que debía pronunciar el presidente del Ejecutivo español tuvo que ser objeto de varios encuentros consecutivos en los que los interlocutores fueron modulando sus posiciones hasta alcanzar un punto común. Los mediadores elogiaron desde el principio la disposición al acuerdo mostrada por la organización armada vasca, resaltando detalles como la decisión de dejar a un lado la definición de «autodeterminación», que desde el principio había sido considerada por la parte gubernamental como inaceptable aten- diendo a anteriores intentos de negociación.
El desarrollo de todas estas reuniones muestra que, lógicamente, ETA centró desde el principio su interés en definir la disposición del Gobierno español a asumir la decisión de la ciudadanía vasca y a concretar su definición a través del procedimiento de la mesa de partidos. Por su parte, los representantes del Gobierno español dedicaron la mayor parte de sus intervenciones, sobre todo en la fase final del mes de julio, a tratar de incidir en la declaración de ETA y, más concretamente, a lograr que el alto el fuego tuviera un carácter «permanente» y apuntara a un horizonte final de cese de la lucha armada. La organización vasca vinculó esta última opción al cumplimiento efectivo del compromiso de respeto a la palabra de Euskal Herria y la posibilidad de materialización de todas las opciones.
Se pactó incluso que la declaración de alto el fuego no sólo fuese formulada en euskara, sino también en castellano para evitar manipulaciones erróneas que pudieran llevar a tergiversaciones. El contenido exacto del mensaje, en cualquier caso, quedaba en manos de ETA, que insistió en las reuniones en que aquel comunicado tenía como destinatario a Euskal Herria y no al Gobierno. La delegación gubernamental había hecho inicialmente una valoración notablemente crítica del esquema presentado por ETA porque «AVT y PP van a entrar a saco». Frente a posibles tergiversaciones, la organización armada recalcaría en todo momento, tanto en la mesa de negociación como en la concreción del mensaje difundido el 22 de marzo, que el alto el fuego no era otra cosa que una aportación a la apertura de un proceso democrático en Euskal Herria.
Pero no sólo se pactaron estos contenidos de fondo del «punto cero» del proceso. Ambas delegaciones acordaron también, no sin intensos debates y siempre con la ayuda experimentada de la organización mediadora, «anexos» que ayudaran a clarificar conceptos que en los textos centrales podían no quedar excesivamente aquilatados y dar pie a interpretaciones ambiguas.
A modo de ejemplo, en estos apéndices se clarifica qué se entiende por los «acuerdos» a que se habría de llegar en la mesa mulpartita: «Los concernientes al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica». O qué significa la alusión a las «normas y procedimientos legales»; a saber, «los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro siempre en aras al objetivo último de que no sean una limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantías de su ejercicio».
Euskal Herria en el preámbulo
Estos anexos fueron introducidos a iniciativa de ETA, pese al rechazo inicial del Gobierno español, con el fin de poder avanzar en la negociación. Su contenido permanecería oculto en la medida en que no se incluirían en la declaración de Zapatero.
Como dato significativo del alcance y la intensidad de la negociación, hasta el nombre de estos apéndices fue objeto de debate entre las dos partes. Finalmente quedaron definidos como «aclaraciones».
Junto a éstas, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y ETA incluye un preámbulo que tampoco aparecería en la declaración comprometida por el presidente español y materializada, con alteraciones sobre lo pactado, el 29 de junio en los pasillos del Congreso. El citado preámbulo establece textualmente que «aun con diferentes consideraciones ideológicas y aunque no compartamos el modelo estratégico y de construcción política, estamos de acuerdo en que existe una realidad con vínculos sociopolíticos, culturales, lingüísticos e históricos llamada Euskal Herria».
Por su parte, ETA se comprometió en el acuerdo a dar carácter permanente al alto el fuego. El Gobierno español había insistido en que necesitaba que éste tuviera un alcance mayor que otros anteriores para que no fuera interpretado como «más de lo mismo», según la expresión textual utilizada por sus interlocutores en una de las reuniones.
Las «garantías»
Simultáneamente, tal y como GARA había informado ya el 9 de julio del pasado año, ambas partes consensuaron una serie de «garantías» que no tardarían en ser incumplidas.
Así, la representación del Gobierno se comprometió a «la disminución palpable de la presencia policial (controles, etcétera) así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. Se entiende que las fuerzas policiales continuarán su trabajo normal en cuanto a actividades delictivas (robo de coches, atracos, homicidios, etc.)», se apostillaba. También adoptó la disposición de «aceptar de facto que las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos». Y el Ejecutivo español admitió igualmente «no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas». Se estableció incluso un plazo tope para que el Gobierno de Madrid pudiera llevar a la práctica su particular tregua: «7-10 días».
ETA, por su parte, asumió que el alto el fuego incluía «no realizar acciones contra personas (incluidas cartas u otras misivas), bienes de propiedad pública o privada» y «no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos, y/o material para su fabricación», lo que iba más allá de los compromisos adoptados en la anterior suspensión de acciones armadas de 1998.
Los «accidentes»
El fruto de la negociación Gobierno-ETA en esta primera fase iba todavía más allá. Como detalle significativo, GARA ha podido saber que entre los acuerdos figuraban incluso los relativos a la gestión de los «accidentes» que pudieran producirse en el proceso, entendiéndose como tal el incumplimiento puntual de las garantías pactadas. Se estableció que las dos partes deberían esforzarse en evitarlos, pero que en caso de ocurrir deberían ser resueltos en la mesa de negociación y «con la voluntad de seguir avanzando en las negociaciones».
El mismo acuerdo, además, fijaba los elementos para saltar a otra fase, definiendo la necesidad de establecer ya «representaciones oficiales», de incorporar a asesores o de conformar una Comisión de Verificación.
Se consensuó igualmente el modo de dar respuesta a las filtraciones. Y un mecanismo para responder a situaciones de crisis. Pero, en la misma medida, se fijó también que en el caso de ruptura del proceso ambas partes quedaban liberadas de los compromisos asumidos.
El acta del acuerdo, como las restantes de todas estas reuniones, fue guardada por la organización mediadora y es custodiada en un lugar seguro. 20 fueron las reuniones entre ETA y Gobierno en 2005. En julio se dio un impulso definitivo al acuerdo, sobre todo en lo relativo a la declaración de Zapatero, y en noviembre se reafirmó todo el acuerdo, incluida la parte del alto el fuego.
Siete reuniones de propuestas y retoques para una declaración
La clave central del acuerdo previo al alto el fuego es el compromiso estatal de aceptar la decisión de la ciudadanía vasca sobre su futuro: el llamado «punto cero». En otras palabras, la declaración que debe hacer José Luis Rodríguez Zapatero. Y el modo en que se gesta, a su vez, resume todo un proceso de negociación.
Para llegar al texto final hacen falta siete reuniones, cerca de 20 horas de contraste sobre sólo cuatro párrafos que deben definir el quién (el Gobierno español), el a quién (a Euskal Herria), el qué (la decisión) y el cómo (la mesa de partidos). Y además, la declaración debe incluir que Gobierno y ETA abrirán una negociación de cuestiones «técnicas».
En algunos momentos, las diferencias entre las dos partes resultan insalvables. Tomemos como ejemplo el último párrafo. El Gobierno propone anunciar que «abrirá un proceso de diálogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia». La propuesta de la organización armada, por contra, habla de «solucionar de manera definitiva las consecuencias del conflicto». Los enviados de Zapatero no aceptan enunciar el término «conflicto», aunque admiten que éste en realidad lo es. Aluden a las «connotaciones» del término. Los mediadores presentan en la siguiente reunión fórmulas intermedias («situación conflictiva», «confrontación», «contencioso»), pero tampoco convencen a la parte estatal. Se opta entonces por suprimir esta alusión y limitarse a decir que Gobierno y ETA dialogarán.
En cuanto al primer punto, los enviados de Madrid comienzan presentando una fórmula que la delegación de ETA cree excesivamente ambigua (error que estaría también en el germen del desacuerdo final en las conversaciones entre los partidos en Loiola). Quiere saber, por ejemplo, a qué se refiere el Gobierno cuando habla de «la sociedad vasca». Este matiza que no cuestiona que Nafarroa forme parte del proceso, sea con una mesa única o con dos. Finalmente, las cuestiones irresolubles son sacadas del texto pactado y concretadas en las llamadas «aclaraciones» o anexos.
ETA en julio: «Si incumplen las garantías, el alto el fuego se rompe»
Desde que se inició el debate sobre las garantías para dar viabilidad al proceso, en julio de 2005, ETA lanzó en la mesa una afirmación que no fue cuestionada por el Gobierno: «Si se incumplen las garantías, el alto el fuego se romperá». Pese a que posteriormente la definición exacta de esas garantías sería objeto de debate en más de media docena de reuniones, tanto en julio como en octubre y noviembre, la representación estatal en ningún momento trató de «negociar» este aviso, sino que lo aceptó como lógico. El desarrollo de las conversaciones al que ha accedido GARA deja claro que el Ejecutivo tenía además otras prioridades, como tratar de asegurar el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA o intentar que entre las garantías ofrecidas por la organización se incluyera la eliminación de la kale borroka, a lo que ETA respondió que no tenía responsabilidad sobre ello.
El diálogo deja como conclusión que esas garantías deben cumplirse antes de que Zapatero haga su declaración y materialice el llamado «punto cero». El Gobierno ofrece incluso en la mesa acelerar esa comparecencia, lo que da otra pista de que no parece estar muy preocupado por el aviso de ETA sobre posibles incumplimientos.
GARA
El Gobierno se comprometió a buscar un «pacto de Estado»
Entre las garantías incluidas en este acuerdo existe una que no había sido dada a conocer hasta el viernes pasado, en que GARA la anunció: el Gobierno español se comprometió a buscar un «pacto de Estado» que diera continuidad al acuerdo y no pusiera en riesgo su viabilidad en caso de un futuro relevo en La Moncloa. De hecho, ésta era una de las cuestiones que llevó a establecer que Zapatero dispondría de un plazo de seis meses para hacer pública su declaración después de la emitida por ETA, lo que le daba tiempo de hacer lo que en la mesa de negociación se definió como «tareas caseras». Finalmente, dio el paso de la declaración en poco más de tres meses.
Del contenido de las reuniones se desprende que el Gobierno del PSOE en ningún momento cuestionó la necesidad de ese pacto de Estado, ni afirmó que fuera irrealizable, aunque sí citó que entrañaba «grandes dificultades». Al hilo de ello, sus representantes en la mesa insistieron en reclamar a ETA que diera a su alto el fuego una dimensión que le facilitara «margen». Esto dio paso a uno de los cruces de posiciones más intensos. ETA consideró y denunció que la parte estatal tenía a su opinión pública «drogada» y que trataba de endosarle la responsabilidad de corregir la situación. Pero finalmente hubo acuerdo.
GARA
Propuesta inicial del Gobierno español (julio de 2005)
«La sociedad vasca es libre de decidir libremente su futuro dentro del respeto a su pluralidad política y al marco constitucional vigente.
Los acuerdos deberán ser adoptados mediante el sistema de consenso. En unas condiciones de ausencia total de cualquier tipo de violencia o coacción, con plena igualdad de las distintas opciones políticas y salvaguardando siempre y en todo caso los derechos y libertades de los ciudadanos.
Los ámbitos de diálogo multipartidista correspondientes serán quienes decidan de forma consensuada los contenidos del diálogo, los procedimientos para llegar a acuerdos y las fórmulas de negociación y aplicación.
Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso, el Gobierno abrirá un proceso de dialogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».
PROPUESTA INTERMEDIA
«En los foros o mesas de diálogo multipartidistas correspondientes, los partidos políticos legítimos representantes de la voluntad popular, teniendo en cuenta los distintos agentes sociales, económicos y sindicales, abordarán de forma consensuada los contenidos del diálogo, los procedimientos para llegar a acuerdos y las fórmulas para su aplicación y negociación» (sobre el 3º)
Propuesta inicial de ETA (julio de 2005)
«El Gobierno español está de acuerdo/respetará la apertura de un proceso donde la voluntad popular que vayan desarrollando los ciudadanos vascos, desde los actuales marcos institucionales, permita por mandato mayoritario abordar el ejercicio del derecho a decidir como Pueblo su futuro, así como el modelo de relaciones políticas con el Estado.
Dicho mandato mayoritario se desarrollará a partir de la representación legítima de Euskal Herria conformada por todos o por lo menos por la mayoría cualificada de los agentes políticos sociales y sindicales.
La citada representación determinará los mecanismos refrendarios que posibiliten el ejercicio del derecho a decidir.
Corresponderá a dicha representación acordar con el Gobierno español la aplicación de los citados mecanismos, así como la gestión de los mismos.
Por otro lado, el Gobierno español abrirá un proceso de negociación con el fin de solucionar/solventar de manera definitiva las consecuencias del conflicto»
PROPUESTA INTERMEDIA
«El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia ni coacción, teniendo en cuenta los procedimientos legales, respetando los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos» (sobre el 1º punto)
Acuerdo final sobre la declaración de Zapatero (ratificado por ambas partes en noviembre de 2005)
«El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia o coacción, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos.
El Gobierno español entiende que son los partidos políticos vascos, así como los agentes sociales, económicos y sindicales, en los foros que constituyan, quienes alcanzarán los acuerdos y establecerán los mecanismos de negociación y aplicación correspondientes.
El Gobierno español entiende además que los acuerdos adoptados por los representantes de la ciudadanía vasca, lo serán con el máximo consenso posible, teniendo en cuenta la pluralidad política existente y en plena igualdad de condiciones para todas las opciones políticas.
Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso del 17 de mayo de 2005, el Gobierno abrirá un proceso de diálogo con ETA respetando en todo momento el principio democrático e irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular»
Declaración de Zapatero (junio de 2006)
«El Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción.
Entiendo que los partidos políticos, los agentes sociales, económicos, sindicales deben adoptar acuerdos para ese pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportuno y, por supuesto, a través de los métodos democráticos para trasladar dichos acuerdos a los distintos ámbitos institucionales.
El Gobierno entiende que los acuerdos entre las distintas formaciones políticas de Euskadi han de alcanzarse con el máximo consenso posible, respetando la pluralidad política de Euskadi y en igualdad de oportunidades para todas las formaciones.
Precisamente al amparo de la resolución adoptada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005, quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas sólo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular.
Voluntad democrática, sujeción a la legalidad, amplio acuerdo político, que recoja el pluralismo de la sociedad vasca, esas son las reglas. Reglas que valen también para la participación en la vida política e institucional, para las formaciones políticas. Por ello, quiero reiterarles que el Gobierno va a mantener la vigencia de la Ley de Partidos.
Quiero expresar el compromiso absoluto del Gobierno y el mío personal con los valores, principios y reglas de la Constitución de 1978, que ha representado un éxito colectivo para nuestra convivencia».
La necesidad permite lo prohibido.
Sigue la entrega por capítulos de la negociación bilateral e internacional Estado-ETA
NEGOCIACIÓN GOBIERNO-ETA: DEL 22-M AL 30-D
El incumplimiento de garantías fue denunciado por ETA desde junio, y reiterado en diciembre
22/06/2007 0:26:00
GARA |
Gobierno español y ETA se ha- bían reunido por primera vez tras el alto el fuego a finales de junio, antes de que Zapatero realizara su declaración. Con ello, el Gobierno daba públicamente por terminado el llamado «proceso de verificación» y se disponía a plasmar el llamado «punto cero». Aparentemente el calendario se mantenía, pero los contenidos pactados habían saltado ya por los aires. Las cosas habían empezado a torcerse debido al incumplimiento por la parte estatal de las garantías establecidas en el acuerdo para dar viabilidad al proceso.
Esta cita -en realidad fueron varias reuniones en días consecutivos- fue entablada a petición de ETA, ante la «gravedad de la situación». La organización armada tenía ya en esos tres meses una amplia lista de incumplimientos, que iban desde la persistencia de las detenciones al mantenimiento de la ilegalización, cuya superación de facto se había acordado antes del alto el fuego. ETA también albergaba dudas de que el Gobierno estuviera labrando el «pacto de Estado» al que se había comprometido para blindar a futuro un proceso de resolución. Y también llamó la atención sobre una entrevista de Zapatero a Catalunya Radio en la que había anticipando que con ETA «hablaré de su disolución y del futuro de sus integrantes», cuando el compromiso mutuo era que la definición de los siguientes pasos y el modo en que se iban a anunciar a la opinión pública debía ser también pactado. Los interlocutores de ETA concluyeron en la mesa que «para cualquier observador, hay una actitud saboteadora».
Como únicos aspectos positivos de estos tres meses observaron la disposición del PSE a reunirse con Batasuna -expresada por Patxi López y de cuyos antecedentes dio cuenta GARA- y unas declaraciones aludiendo al derecho a decidir de la ciudadanía vasca hechas por Zapatero en un mitin en el BEC de Barakaldo.
Advertencia
La representación del Gobierno, que incluía ya en esta fase a tres importantes dirigentes del PSOE, no negó que se hubieran producido incumplimientos, pero trató de culpar a factores externos y asegurar que su voluntad de avanzar era firme. A modo de ejemplo, tildaron las detenciones producidas en esos meses de «accidente importante» que intentó justificar por la dificultad para cerrar sumarios judiciales en marcha o por la existencia de jueces que «son instrumentos del PP».
Como prueba de ello, los interlocutores estatales citarían el «disparate» del proceso contra Juan José Ibarretxe por reunirse con Batasuna para concluir de todo ello que «hemos sido ingenuos al pensar que a raíz del 22-M las cosas iban a pasar del negro a blanco». De cualquier modo, afirmarían tajantemente que «trabajamos para que Batasuna sea legal en setiembre-octubre». Y asegurarían que tomaban como tarea pendiente el pacto de Estado con el PP.
La representación de ETA advierte ya entonces de que si se siguen incumpliendo las garan-tías «el proceso se para» (en julio de 2005 previno textualmente, como se publicó ayer, que en ese supuesto «el alto el fuego se rompe». Y preguntan a la parte estatal cuánto tiempo necesitaría para fijar las garantías («¿dos meses?»), sin recibir respuesta. Así que cuando a la semana siguiente Zapatero va al Congreso a anunciar el inicio del diálogo con ETA y promete informar a los grupos sobre sus resultados en setiembre, en realidad el inquilino de La Moncloa sabía que no habría reuniones con la organización hasta que se cumplieran las garantías.
De hecho, en estas reuniones de finales de junio ETA entregó a sus representantes una escueta carta personal dirigida a Zapatero en la que le indicaba que «la vulneración de las garantías establecidas en los acuerdos es motivo y puede suponer la ruptura del proceso de negociación y por lo tanto la suspensión del proceso abierto. ETA le hace un llamamiento directo para que actúe con responsabilidad y adopte las medidas pertinentes para cumplir las garantías y acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación».
Polémica sobre la declaración
Llegó el nuevo curso político y, efectivamente, Rubalcaba no tenía nada que contar a los grupos del Congreso. Algunos medios y portavoces políticos imputaron el parón a un intento de ETA de posponer la puesta en marcha de la negociación técnica hasta que se creara la mesa de partidos, achacándole un afán de «tutelaje», pero la información a que ha tenido acceso GARA evidencia que el bloqueo estuvo más relacionado con el incumplimiento de los compromisos ETA-Gobierno. No habría reuniones hasta finales de este mes de setiembre, y de nuevo por iniciativa de ETA. Para entonces, las vulneraciones de los acuerdos de 2005 no habían decrecido, sino al contrario.
Una de ellas afectaba a la cuestión clave del acuerdo. La esperada declaración de Zapatero en el Congreso, tres meses antes, no se había atenido, en opinión de ETA, a lo pactado, y así lo mostró en un análisis detallado del contenido. Faltaban algunas cuestiones y, en cambio, el presidente español había incluido elementos ajenos que la organización armada leyó como «puyas»; entre ellas, el establecimiento de la Constitución como tope o la ratificación de la Ley de Partidos Políticos. Por lo que respecta al resto de garantías, ETA subraya en esta reunión que siguen sin cumplirse.
La representación del Gobierno del PSOE, por su parte, ensalza el contenido del mensaje de Zapatero, tratando de presentarlo como un Downing Street, en alusión al acuerdo Londres-Dublin sobre el proceso irlandés. Sobre esta cuestión se establece otra intensa disputa. Cuando ETA recuerda que se emplearon «muchas horas» en definir cada término de la declaración y que Zapatero no lo ha cumplido, por lo que incurre en «una total falta de credibilidad», los enviados del presidente alegan que «a Batasuna le gustó mucho» la comparecencia del 29 de junio. La alusión encrespa a los delegados de la organización: «¿Qué pensáis, que somos tontos?», se llega a escuchar de boca de uno de sus representantes, que apunta que el único motivo de esa valoración positiva habría sido seguir dando impulso al proceso.
El Gobierno modula entonces su discurso; reconoce que en la alocución del líder del PSOE hubo «algún lapsus», entre los que cita haber circunscrito su discurso a «Euskadi», y lo atribuye a que «lo hizo de memoria».
«ETA no dará cheque en blanco»
Pero esta vez la parte estatal trae además su propia lista de reproches. Critica los comunicados de ETA, «muy negativos», y argumenta que con ellos «la judicatura no se puede mover». Y pone sobre la mesa otros dos elementos que dan pie a intensas discusiones: por un lado, la kale borroka, de la que ETA recuerda que nunca ha formado parte de su ámbito de competencias y que en consecuencia no entra en los acuerdos según se aclaró en su momento; por otro, las cartas a empresarios, sobre las que la organización matiza que no conllevan amenazas y son simples peticiones de dinero (el Gobierno replica que la aparición del sello de ETA es ya sinónimo de amenaza). Se habla también de la presencia de miembros de ETA en el acto por los gudaris en Aritxulegi, de las maniobras del Ejército, y sobre todo de los presos enfermos, cuya excarcelación se pide como un mínimo al margen de que la cuestión global deba ser abordada en la mesa «técnica».
Reclamaciones y respuestas
El diálogo se tensa. El Ejecutivo reclama un comunicado que suponga un salto decisivo. ETA da una respuesta tajante: «Tras seis meses de incumplimientos, no vamos a dar ningún cheque en blanco». Para entonces, el desarrollo de los hechos en este espacio y en el del diálogo político alimenta la impresión de que el Gobierno intenta despolitizar el proceso y bloquearlo en cuestiones como la situación de los presos o la legalización de Batasuna. ETA advierte de que «si vuestra intención es llevar a cabo una negociación técnica nos váis a tener enfrente otros 40 años». Y el Gobierno asegura que «no hemos pensado nunca en `paz por presos'».
Precisamente esta cuestión se pondrá sobre la mesa de forma concreta en esta cita. Son meses en los que el Gobierno paraliza su pretendida intención de iniciar un acercamiento de presos, para lo que se filtró que tenía ya un plan detallado. ETA reclama la excarcelación de los presos enfermos, con nombres y apellidos, entre ellos Iñaki de Juana; la eliminación de la llamada «doctrina Parot» utilizada para imponer cadenas perpetuas a los presos vascos; y su acercamiento a Euskal Herria. La otra parte indica que no acepta que éstas sean exigencias para avanzar, pero afirma que lo estudiará y responderá. En la conversación introduce elementos con los que trata de mostrar buena voluntad, como la alusión a la dudosa constitucionalidad de la «doctrina Parot».
La cuestión, en general, se perfila como un termómetro para medir su voluntad.
El Gobierno jugó
ETA al Gobierno en octubre de 2006: «¿Habéis tomado la decisión de romper el proceso?»
Si en las reuniones de junio se ponen sobre la mesa los incumplimientos de las garantías y en las de setiembre se incrementan tanto el número como el volumen de los reproches, un mes después, cuando ETA y Gobierno vuelven a reunirse, los interlocutores de la organización armada tienen una pregunta para la otra parte que resume la gravedad de la situación: «¿Habéis tomado la decisión de romper el proceso?».
El interrogante se corresponde con el agravamiento paulatino de situaciones que debían estar en cauces de solución a tenor del diálogo en la mesa de negociación, como la legalización de Batasuna (se acaba de producir la irrupción en un centenar de «herriko tabernas») o la situación de los presos, especialmente urgente en el caso de Iñaki de Juana. ETA quiere saber si «no tenéis voluntad o no tenéis capacidad», y en este último caso pide que se le diga «con quién tenemos que negociar. ¿Con Gómez Bermúdez? ¿Con la Audiencia Nacional?».
Sin embargo, al mismo tiempo la organización armada insiste en que ratifica su voluntad de avanzar, y marca dos requisitos para ello: el cumplimiento de las garantías y el acuerdo político (en esos momento se están intensificando las negociaciones entre PSOE, PNV y Batasuna en Loiola, que no llegarían a acuerdo).
El Ejecutivo español también eleva el tono sustancialmente, a partir de un elemento único: el robo de cerca de 350 pistolas en una armería de Nimes. Sus representantes llegan a indicar que eso no constituye un «accidente» -según la terminología establecida en el acuerdo de 2005-, sino «la ruptura del proceso de paz», aunque no «la ruptura del proceso». Espetan a los interlocutores de la organización armada vasca que «vuestra estrategia es la de que sólo nos movemos si nos presionáis y que de lo contrario estamos parados. Estáis equivocados». Desde el otro lado de la mesa, llueven en cascada los ejemplos de vulneraciones, y se expone como conclusión que «el noventa y pico por ciento de vuestros incumplimientos fue antes del robo».
Los mediadores tratan de reconducir la reunión reclamando que no se utilice el término «ruptura», y exponen que la situación es difícil y ambas partes tienen derecho a sentirse heridas. El Gobierno redefine su mensaje y establece que «el robo ha provocado un bloqueo objetivo y no permite avanzar en el proceso». Se acuerda realizar nuevas reuniones en diciembre; por lo demás, en esta cita el Ejecutivo tampoco anuncia ninguna medida sobre los presos.
La necesidad permite lo prohibido.
Un poco más de lo msimo
RAJOY TEME UNA NUEVA TRAICIÓN DE ZAPATERO
Las filtraciones de la banda ponen a PSOE y PP al borde de la ruptura.
J. Pérez.- La propaganda etarra encuentra terreno abonado para la división de los demócratas. Las filtraciones de la banda al diario 'Gara' colocaron ayer al PP y al PSOE al borde de la ruptura. El deterioro se mide por horas y nadie en uno u otro partido...
http://www.elconfidencial.com/cache/200 ... ptura.html
RAJOY TEME UNA NUEVA TRAICIÓN DE ZAPATERO
Las filtraciones de la banda ponen a PSOE y PP al borde de la ruptura.
J. Pérez.- La propaganda etarra encuentra terreno abonado para la división de los demócratas. Las filtraciones de la banda al diario 'Gara' colocaron ayer al PP y al PSOE al borde de la ruptura. El deterioro se mide por horas y nadie en uno u otro partido...
http://www.elconfidencial.com/cache/200 ... ptura.html
EX NOTITIA VICTORIA
“Non aurum sed ferrum liberanda patria est”
EXPLURIBUS UNUM
“Non aurum sed ferrum liberanda patria est”
EXPLURIBUS UNUM
"TRABAJAREMOS PARA QUE BATASUNA SEA LEGAL EN SEPTIEMBRE"
El PSOE dijo a ETA que las detenciones eran "accidentes" y culpó a jueces que "son instrumentos del PP".
Los terroristas siguen publicando en Gara el contenido de las reuniones, ya con "tres importantes dirigentes del PSOE". Según el diario altavoz de ETA, tras acordar los términos en los que Zapatero debe informar, los enviados oficiales justificaron las detenciones como "accidentes importantes", tildaron de "disparate" el proceso contra Ibarretxe, criticaron la llamada "doctrina Parot" y se comprometieron a legalizar a Batasuna. ETA reprochó el tono de Zapatero en su anuncio de junio pero, según los socialistas "a Batasuna le gustó mucho".
El PSOE dijo a ETA que las detenciones eran "accidentes" y culpó a jueces que "son instrumentos del PP".
Los terroristas siguen publicando en Gara el contenido de las reuniones, ya con "tres importantes dirigentes del PSOE". Según el diario altavoz de ETA, tras acordar los términos en los que Zapatero debe informar, los enviados oficiales justificaron las detenciones como "accidentes importantes", tildaron de "disparate" el proceso contra Ibarretxe, criticaron la llamada "doctrina Parot" y se comprometieron a legalizar a Batasuna. ETA reprochó el tono de Zapatero en su anuncio de junio pero, según los socialistas "a Batasuna le gustó mucho".
EX NOTITIA VICTORIA
“Non aurum sed ferrum liberanda patria est”
EXPLURIBUS UNUM
“Non aurum sed ferrum liberanda patria est”
EXPLURIBUS UNUM