Negociaciones políticas con ETA

[Esteban]

capítulo de hoy en GARA; reunión intermedia en marzo de 2007. Oferta de legalización de batasuna y quejas de ETA por la detención de uno de sus negociadores.

NEGOCIACIÓN GOBIERNO-ETA: tras el atentado de barajas
Madrid exigió en marzo más pasos y ETA le instó a cumplir el acuerdo base

Justo tres meses después del atentado de la T-4, Gobierno español (con su interlocución reducida a una persona) y ETA volvieron a reunirse. Esta cita de marzo supuso una toma de contacto antes de los encuentros definitivos de mayo. En ella, la parte estatal insistió en la necesidad de un nuevo comunicado de ETA y la organización armada replicó reivindicando los compromisos acordados ya por ambos en 2005. Y sobre todo uno: el acuerdo político pendiente.

22/06/2007 22:53:00

GARA |

Documentación a la que ha tenido acceso GARA confirma que Gobierno español y ETA retomaron los contactos de tipo directo a finales del pasado mes de marzo. Para entonces habían transcurrido tres meses desde el atentado de Barajas que llevó al Ejecutivo de Zapatero a declarar roto el proceso públicamente, aunque, como aparecería en esta reunión, no trasladó este mismo mensaje a la mesa de negociación.

Esta cita de marzo suponía una toma de contacto para sondear la posibilidad de emprender el intento de proceso de resolución colapsado en diciembre. Y terminó constituyendo una especie de transición entre las reuniones de diciembre de 2006, que terminaron sin acuerdo, y el nuevo intento desarrollado en el reciente mes de mayo, del que GARA ya dio cuenta de forma somera.

A la reunión de marzo el Gobierno llega con una representación reducida a una persona, frente a las tres que habían intervenido habitualmente en las rondas de reuniones anteriores. El interlocutor argumenta para ello razones de seguridad relacionadas con la necesidad de mantener discreción absoluta después de la declaración pública de ruptura del proceso hecha tras el 30-D. Pero en la otra parte hay otra ausencia con más trasfondo: la de Jon Iurrebaso, detenido justo un día antes por la Policía francesa junto a Kepa Suárez. Este elemento y la proximidad de las elecciones se convertirían en dos constantes puntos de fricción en la mesa.

Lo sustancial de las conversaciones de estos dos días de diálogo, según ha podido comprobar GARA, estriba en cómo ve cada parte la posibilidad de relanzar un proceso. El enviado de José Luis Rodríguez Zapatero llega con un objetivo que pone sobre la mesa una y otra vez: lograr un nuevo comunicado de ETA que suponga «un compromiso firme y claro de renuncia a los atentados». Lo reclama asegurando que la explosión de Barajas ha cercenado el margen de acción de La Moncloa, además de dejar en entredicho la credibilidad de ETA. Un mensaje que va en sintonía con las declaraciones de dirigentes de PSOE y PNV en esas semanas.

Frente a este criterio, la delegación de la organización armada vasca trae a colación que ya existen unos acuerdos de base, los suscritos en 2005, pese a que han sido incumplidos reiteradamente. Para esta parte, lo que procede no es por tanto buscar otras bases, sino cumplir las acordadas. Considera que lo que Madrid busca es «renegociarlas», y se niega a ello.

El Gobierno ofrece un trueque

Entre estas bases existe una absolutamente central en opinión de ETA: el acuerdo político pendiente, cuyos raíles constan en la declaración hecha por Zapatero el 29 de junio de 2006 y pactada meses antes por el Gobierno y la organización armada. Durante esta reunión de marzo, ETA propone una fórmula de relanzamiento del proceso apoyada en dos principios consensuados en 2005 pero pendientes de aplicación por la parte estatal: «Acuerdo político» y «distensión bilateral».

En este punto, el interlocutor del Ejecutivo del PSOE plantea a ETA una especie de trueque. Quiere saber si está dispuesta a realizar un comunicado con nuevos compromisos; y, a cambio, ofrece que el presidente del Gobierno español haga una declaración «en términos de distensión bilateral». Pero ETA matiza que la clave para apreciar si Madrid tiene voluntad no es ésta, sino el acuerdo político.

La «hoja de ruta» que pone sobre la mesa el representante de Madrid es diferente. Insiste en que necesita otro comunicado: «No se pide un desarme, no -aclara textualmente-, pero sí seguir sin atentados». A partir de ahí, el Ejecutivo español dice que estaría dispuesto a legalizar a la izquierda abertzale y a reactivar la búsqueda del acuerdo político.

Por si esta propuesta no es aceptada, Madrid lleva a la cita, realizada en otro país europeo diferente al que ha acogido reuniones anteriores, otra oferta con cuatro pasos correlativos: si la izquierda abertzale corrige los estatutos del nuevo partido inscrito (Abertzale Sozialisten Batasuna) para adecuarlos más a la Ley de Partidos, y si garantiza además que no habrá atentados, el Gobierno dice que abrirá negociaciones en los dos carriles: político y militar.

Por debajo de las propuestas concretas, las coordenadas de fondo de la discusión son muy claras. Mientras la parte estatal trata de arrancar nuevos compromisos de cese de acciones violentas a ETA, ésta incide en que la clave para avanzar es cumplir el compromiso de lograr un acuerdo político. Pero el representante estatal no llega a tanto: en el punto más avanzado del cruce de mensajes dice estar dispuesto a seguir buscando un acercamiento al consenso, pero desde el punto en que han encallado las conversaciones entre los partidos en Loiola (es decir, con la propuesta que Batasuna no ha aceptado por su indefinición) y sin asumir compromiso alguno de que se llegará a un acuerdo definitivo.

Constitución como límite

En este terreno, el delegado de Zapatero introduce desde el inicio una confesión que aclara algo que viene coleando desde meses atrás, en concreto desde la declaración del presidente español en el Congreso de los Diputados. Cabe recordar que para ETA ésta no se atuvo al detallado acuerdo (el «punto cero») alcanzado tras muchas horas de debate palabra por palabra. El interlocutor estatal admite ahora que el Gobierno tenía un «diseño» para recorrer el proceso, y que el primer criterio era someterse siempre a «la Constitución y la ley». ETA recuerda que esto no entraba en lo acordado. Desde la otra parte no hay réplica.
El Ejecutivo sí se muestra más incisivo al citar el segundo aspecto de su «diseño» previo: la separación de la «vía política» y la «vía técnica». Acusa a ETA de haber «dado la vuelta» a este esquema al condicionar los avances en el carril técnico al logro del acuerdo político. La organización recuerda en todo momento que la necesidad de este consenso político está definida con claridad en el «punto cero». El representante estatal cierra este bloque indicando que en cualquier caso ésta no es una dificultad insalvable, porque «se puede hablar de modificar el esquema».

Muestras de voluntad

Pese a las dificultades existentes y a la divergencia entre los planteamientos, el tono y el contenido de las intervenciones hacen que el intermediario internacional aprecie voluntad mutua de seguir conversando.

El Gobierno de Zapatero sitúa su presencia en esta nueva reunión como «un intento para establecer condiciones que permitan volver al proceso». ETA reitera que tiene voluntad de continuar «hasta el final», pero insiste por un lado en que la resolución debe ser política, y por otro en que el proceso tiene que estar «alimentado por ambas partes».

El tiempo consumido en reproches mutuos no es mucho, aunque ambos se declaran, de forma genérica, engañados por la otra parte: el Gobierno, debido al atentado de la T-4, que insiste en que no esperaba; y ETA, por el incumplimiento de los compromisos desde el comienzo. Es en esta cuestión en la que la organización armada ubica su decisión de hacer explotar el artefacto de Barajas. Y añade que no sólo es ETA quien se siente estafada por el Ejecutivo del PSOE, sino que éste «es un sentimiento mayoritario en Euskal Herria».

En la recta final de la reunión, ambas partes parecen coincidir en que se puede volver a intentarlo, y en que para ello es necesario lo que el moderador define como «acuerdo de no-agre- sión». No hay consensos más allá de estas dos cuestiones asumidas desde ambos lados de la mesa. La reunión ha servido para retomar el contacto y poner en marcha un nuevo intento que se llevaría a la práctica pocas semanas después, en el mes de mayo.

La reunión se celebró tras la detención de uno de los delegados de ETA sólo un día antes

Las representaciones de ETA y el Gobierno español se volvieron a ver las caras en este mes de marzo, esta vez en otro país más cercano a Euskal Herria, con un nuevo elemento de tensión muy reciente sobre la mesa. Apenas un día antes de que se retomara el contacto directo, uno de los miembros de la delegación vasca había sido detenido en el departamento francés de Dordogna: Se trata de Jon Iurrebaso, arrestado en compañía de Kepa Suárez. La situación, aunque esto no se citó en la mesa, recordaba inevitablemente a lo ocurrido en 1999, cuando el Ejecutivo del PP detuvo también en pleno proceso a una interlocutora de ETA.

El contacto de estos dos días de marzo pasado no se suspendió por ello, aunque la información a que ha tenido acceso GARA refleje que ello complicara y tensara tanto el contenido de la reunión como sus prolegómenos. La organización armada planteó demandas de seguridad antes de sentarse.

La detención no allanaba el camino a nuevos acuerdos, como admitiría el el mediador en varias referencias en tono preocupado. El arresto aparece sobre la mesa de modo continuo en la conversación: la delegación de ETA reclama la libertad de Iurrebaso como premisa obvia para poder dar viabilidad a esta mesa, el representante de la entidad internacional mediadora lo considera lógico y aboga por solucionarlo, y el interlocutor del Gobierno del PSOE afirma que ya están haciendo gestiones para ello.

Sin embargo, en su última intervención, cuando ya parece claro que ambas partes están dispuestas a seguir hablando, el representante de Madrid no parece hallar ya motivo suficiente para negar que las operaciones policiales «son consecuencia de la T-4». «Quiero hablar claro», explica el interlocutor estatal sin tapujos. Dos días antes también se había iniciado una potente redada con ocho detenciones en varios herrialdes: la primera, la de Joseba Lerin en Andoain.

Al inicio de la reunión, marcado por esta noticia, el enviado de José Luis Rodríguez Zapatero se refiere a las detenciones de Dordogna como «accidente», según la terminología establecida en el acuerdo entre ambas partes de 2005. Asegura que Madrid ha hecho gestiones ante París para liberar al delegado. Y, en paralelo, esgrime más de una vez que ETA ya era consciente de que «se movía sin seguridad», por lo que no ve motivos para sorprenderse excesivamente, aunque sí admite acto seguido que valora positivamente que la delegación haya acudido a la cita en esas condiciones.

La organización armada, por su parte, subraya que con este hecho «está en juego la credibilidad de la mesa». Recuerda que ETA ha dado garantías de seguridad a la representación del Gobierno español, y que así ha actuado además en anteriores procesos de negociación. «Es un mínimo», resalta uno de sus interlocutores. Aunque no arranca compromisos concretos al Gobierno, más allá de buenas palabras, ETA sí deja claro que «no solucionar esto supondría el fin» de la mesa de negociación. La cuestión lleva a abrir el debate sobre la necesidad de una «tregua bilateral» porque «ETA no va a aceptar estar hablando de paz mientras nos agreden constantemente».

La seguridad se ha convertido en un nuevo elemento de enfrentamiento tras este inesperado arresto. La condición de interlocutor de Iurrebaso no tardará en aparecer en los medios de difusión. Al contrario de lo que ha ocurrido en las reuniones celebradas tras el alto el fuego permanente, en setiembre o en diciembre de 2006, el Ejecutivo del PSOE asegura ahora que «Francia no garantiza seguridad».

La redada iniciada en Andoain es también objeto de debate en la mesa, según ha comprobado GARA. El Gobierno habla de un comando «dispuesto a actuar» incluso antes de diciembre, aludiendo para ello a sospechas basadas a su vez en información supuestamente hallada en un ordenador. ETA niega que exista «orden» para atentar, pero no oculta que «la militancia trabaja, como hacen los aparatos del Estado».

En posteriores reuniones, desde su lado se reprocharán las torturas a detenidos, y el Gobierno mantendrá la línea habitual de negarlas.

Carta de ETA al presidente español en febrero de 2007

La reunión de marzo estuvo precedida por una misiva enviada por la dirección de ETA al presidente del Gobierno español, en la que se insistía en la necesidad de retomar los contactos y se recordaban incumplimientos ya denunciados en otra carta anterior, en junio. Este es el contenido de la misiva, firmada en febrero de 2007:

«Al Sr Rodríguez Zapatero,

Presidente del Gobierno español:

Euskadi Ta Askatasuna se dirige a usted para trasladarle sus reflexiones sobre la situación del proceso de negociación y reiterarle su voluntad inequívoca de reactivar el camino del diálogo, la negociación y el acuerdo, instándole a dar una respuesta positiva a la propuesta de desbloqueo realizada por nuestros interlocutores en el marco de la última reunión celebrada entre ambas delegaciones el pasado mes de diciembre.

Desde el punto de vista de ETA nos encontramos en un momento trascendental del proceso. Es por ello que consideramos un profundo error la negativa de su Gobierno a profundizar en la negociación y el anuncio de que el Gobierno español da por finalizado el proceso, que, a pesar de sus dificultades y momentos de crisis, es el único camino que puede conducirnos a un escenario de paz estable y definitivo.

En junio, ante la continua violación de los acuerdos alcanzados por los representantes de su Gobierno y nuestra Organización, ETA le trasladó directamente y con claridad la imperiosa necesidad de que su Gobierno respetase y cumpliese sus compromisos. Advertíamos ya entonces de que dicha vulneración imposibilitaba el desarrollo de las negociaciones y podía conducirnos a una ruptura del proceso. Situación ésta, sin duda, por nadie deseada.

Durante los meses transcurridos desde entonces, el Gobierno español ha continuado sin dar ningún paso positivo hacia el cumplimiento de los acuerdos. Bien al contrario, se han sucedido una y otra vez por parte de las autoridades españolas actuaciones vulneradoras de los principios básicos que tienen que regir un proceso de estas características.

Todo ello ha creado la situación actual de bloqueo en el proceso. Lo cual, por otra parte, no ha sido óbice para que ETA haya redoblado sus esfuerzos en la mesa de negociación realizando propuestas de alcance al objeto de llegar a puntos de encuentro sólidos que permitan estabilizar el proceso y dotarle de una perspectiva real de éxito.

Ante la situación actual, ETA desea hacerle llegar directamente su propuesta para reactivar y hacer avanzar el proceso de negociación. Siendo ésta una nueva muestra de la firme voluntad de paz de ETA.

ETA se reafirma en la propuesta realizada en la reunión de diciembre a los representantes de su Gobierno. La propuesta de Euskadi Ta Askatasuna contiene como punto central «que los principios establecidos en los apartados correspondientes a la Declaración del Presidente del Gobierno, el Preámbulo y las aclaraciones, serán recogidos en un acuerdo político entre los partidos políticos vascos que garantice la superación del conflicto, en el marco de las conversaciones políticas iniciadas y en los foros constituidos a tal efecto».

ETA entiende que ése es el núcleo esencial que debe posibilitar el desbloqueo de la situación actual y abrir la posibilidad de emprender una nueva dinámica en el proceso de resolución del conflicto, acordando una estrategia común para el desarrollo y la consecución de los objetivos políticos que garanticen la superación del conflicto. Se trata, en definitiva, de otorgar una solución estructural a un conflicto político e histórico.

ETA emplaza al Presidente del Gobierno español a actuar con altura de miras en estos momentos difíciles del proceso, no cayendo en la tentación de repetir ciclos de represión y fórmulas políticas que han fracasado, apartándose de la estrategia del PP y la extrema derecha y apostando definitivamente por una solución política y negociada.

En ese sentido, ETA le hace un emplazamiento para que el Gobierno español no promueva una escalada represiva ni dilate los tiempos del proceso, alimentar el enfrentamiento solo retrasará las soluciones trayendo consigo un alargamiento y endurecimiento del conflicto estéril e innecesario.

ETA reafirma su voluntad de continuar adelante en el proceso, de avanzar en las negociaciones y de acordar una línea de acción positiva y decidida sobre las bases establecidas en los acuerdos y en la última reunión de diciembre.

ETA quiere expresarle su deseo de abordar todas esas cuestiones directamente con los representantes del Gobierno español, negociaciones que deben permitir profundizar en los planteamientos realizados en la reunión de diciembre.

ETA le hace un llamamiento directo a actuar con la responsabilidad histórica que el momento requiere, sin caer en el error de cerrar las puertas a una solución negociada y democrática al conflicto».

Comité Ejecutivo de Euskadi Ta Askatasuna

Imprimatu

[kilo009]

Sobre lo que comentaba GARA ayer, ETA dijo al Gobierno:

-«Si vuestra intención es llevar a cabo una negociación técnica, nos vais a tener enfrente otros 40 años». Esta amenaza se la hacía ETA a 3 miembros del PSOE hace un año.

-«la vulneración de las garantías establecidas en los acuerdos es motivo y puede suponer la ruptura del proceso de negociación y por lo tanto la suspensión del proceso abierto. ETA le hace un llamamiento directo para que actúe con responsabilidad y adopte las medidas pertinentes para cumplir las garantías y acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación».

El artículo completo en La Razón:
http://www.larazon.es/noticias/noti_nac11166.htm

[kilo009]

Siguiente capítulo de GARA:

El PSOE dijo no al acuerdo político tras comprometerse ETA a desmantelar sus estructuras militares como consecuencia del proceso

El pasado 21 de mayo se celebró la reunión definitiva de este intento de proceso de resolución. Ese día sólo se reunieron las delegaciones de PSOE y Batasuna. La primera rechazó el acuerdo político que se le proponía. Días antes, ETA se había comprometido, ante los mediadores y cualificados observadores internacionales, a «desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares» si se lograba un compromiso global y el proceso se llevaba hasta el final. El Gobierno se negó incluso a recoger ese texto. Tras el no al acuerdo político, la negociación se dio por finiquitada.

Casi dos años después de que Gobierno y ETA suscribieran el compromiso de aceptar el acuerdo político que alcanzaran los partidos vascos, el pasado 21 de mayo el PSOE rechazó en una ciudad europea la última propuesta presentada por Batasuna. Tomó esta decisión después de que ETA notificara en dos ocasiones al Ejecutivo su compromiso de «desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares» en el marco del desarrollo del proceso de resolución del conflicto que pondría en marcha este acuerdo político, según ha podido saber GARA de fuentes absolutamente ciertas y documentadas.

Antes, en una ronda previa -realizada en los primeros días del mes de mayo- al intento final en plena campaña, ETA puso sobre la mesa una propuesta global, en un momento en que en Euskal Herria todas las miradas estaban fijadas en la impugnación de las listas electorales de la izquierda abertzale. En este primer contacto directo realizado por ambas delegaciones desde las celebradas en marzo, de los que este diario dio cuenta ayer, ETA hizo entrega a la otra parte de una propuesta de acuerdo con varios puntos, entre los que se incluían los compromisos citados anteriormente -propuesta que incluimos en la página 5-.

Según ha sabido GARA, el representante del Ejecutivo -a esa cita sólo acudió uno- se negó a recoger el documento, y lo dejó en manos de los mediadores, argumentando que desde el punto de vista del Gobierno el proceso estaba roto y que recibirlo podía evidenciar lo contrario.

Sin embargo, la relación exacta de los compromisos a adoptar por parte de ETA volvió a ser sacada a la mesa por la organización armada en las reuniones celebradas entre el 14 y el 21 de mayo, ya en presencia de cinco observadores internacionales muy relevantes. Los representantes del Gobierno respondieron entonces, sólo de modo verbal y a través de los mediadores, que consideraban el planteamiento positivo y que ofrecía posibilidades reales de avanzar en la mesa técnica sobre esa base. Sin embargo, el PSOE rechazaba finalmente el acuerdo político, y este último intento -al que se intentó dar más efectividad combinando las dos mesas (Gobierno-ETA y PSOE-Batasuna)- se venía abajo.

2012 como fin de camino

El Ejecutivo español no sólo se negó a recoger la propuesta y la valoró únicamente de modo verbal, sino que también rechazó de modo expreso la posibilidad de hacer una contrapropuesta o una aportación por escrito. La oferta de acuerdo definida por ETA, por su parte, tenía nueve puntos y una dimensión «diplomática» que fue aplaudida expresamente por la organización internacional experta en mediaciones para resolución de conflictos que colaboró en todo el proceso de nego- ciación y ejerció también el arbitraje en esta ronda final de reuniones.

Estos nueve puntos fueron presentados por ETA como un desarrollo y concreción de la propuesta formulada en diciembre de 2006 y que fijaba la clave para avanzar en la consecución del acuerdo político entre los partidos vascos, cuestión asumida ya por ambas partes en las negociaciones de 2005. Esto llevaría al diseño inédito utilizado a mediados de mayo, con reuniones intercaladas entre las dos mesas, que se llevaron a cabo en un mismo lugar como ya informó GARA.

El texto presentado por ETA incidía en que el acuerdo político haría que el conflicto fuera superado. Apuntaba que en él se deberían incluir los principios acordados en el año 2005, con el preámbulo y las aclaraciones correspondientes (fijadas también por escrito entonces). Como bases para el consenso, ETA cita dos: la unidad territorial de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa con un único marco jurídico-político que debe ser refrendado por el pueblo, y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro. Ambas cuestiones se hallan recogidas en la llamada Propuesta de Marco Democrático presentada por la izquierda abertzale en el Pabellón Anaitasuna de Iruñea.

La organización armada plantea incluso un calendario definido para desarrollar los cambios necesarios: la legislatura estatal que debe arrancar en 2008 y concluir en 2012. Propone que todo se haga partiendo de la legalidad vigente, pero que ésta sea modificada en lo que sea preciso, de modo que no siga suponiendo un límite para la voluntad de la ciudadanía vasca, sino la garantía de su ejercicio.

Todo esto conforma el punto clave de la propuesta de ETA que los enviados de Zapatero se niegan a recibir pero que sí es incluida en las actas y recibida por la mediación y por los observadores internacionales. El resto de los artículos recogen compromisos que complementan y desarrollan este proceso, en algunos casos con plazos cerrados. Así, se plantea que el Gobierno español tendrá que legalizar ASB y las listas antes de las elecciones del 27 de mayo, aunque dispondrá de seis meses más de tope después para derogar la Ley de Partidos, como ha solicitado en las negociaciones previas. En esta fase, le corresponderá desactivar leyes de excepción y humanizar la situación carcelaria con la liberación de los presos enfermos, la derogación de la nueva doctrina para imponer cadenas perpetuas y la repatriación y el reagrupamiento de los presos. Tendrá que poner en práctica también las garantías acordadas ya en 2005 pero incumplidas sistemáticamente con detenciones, controles o veto a la actividad política. Y todo ello dará paso a la llamada «tercera fase» de la negociación, en la que Gobierno y ETA abordarán las cuestiones pendientes (presos, exiliados, víctimas, desmilitarización, Comisión de Verificación...).

¿Cuáles son los compromisos que se impone la organización armada? Primero, mantener el alto el fuego sin realizar acciones de abastecimiento. Además, expresarlo públicamente añadiendo la anulación de la posibilidad de «respuesta armada», materializada con el atentado de Barajas. Y, junto a todo ello, en el marco del desarrollo de este proceso de resolución, desactivar la lucha armada y desmantelar estructura militares.

Las reuniones de mayo

Esta propuesta, presentada por primera vez como queda dicho en los primeros días de mayo, viene a poner un nuevo marco y a abrir otro horizonte a los encuentros a cuatro bandas realizados a mediados de mayo. De hecho, la aportación cambia visiblemente el rumbo de la reunión en la que el texto se pone sobre la mesa, que había arrancado marcada por el escepticismo tras los contactos infructuosos de marzo.

De ello da muestra la evolución de la posición del único interlocutor del Gobierno en esas reuniones previas al intento final de mediados de mayo (aunque remarca que es el máximo representante del equipo negociador). Pide al inicio, como en marzo, un comunicado de ETA que amplíe el carácter del alto el fuego como condición para avanzar (argumenta que tras Barajas el Gobierno no tiene siquera aval del Congreso para sentarse a hablar); sin embargo, y pese a negarse a recogerla, al final de la cita admite que la propuesta de ETA abre opciones de reactivar un proceso, «esperemos que con más solidez que en la etapa anterior».

Sobre esa nueva base cuaja por tanto la doble reunión entre el 14 y el 21 de mayo, sin precedente conocido ni por su esquema (doble mesa), ni por la presencia de observadores interna- cionales (tres delegaciones procedentes de diferentes naciones europeas) ni por la duración (cuatro reuniones a lo largo de una semana, hasta concluir el día 21, todo ello en plena campaña electoral en Euskal Herria y en el Estado español).

De algunos pormenores de este intento ya dio cuenta GARA de modo resumido el día 15; por ejemplo, de la participación de Arnaldo Otegi en la mesa política, días antes de su fulminante encarcelamiento. Diferentes medios vascos y españoles han especulado en los últimos días sobre la participación también de Sinn Féin o sobre la opción de que uno de los representantes españoles en la mesa «técnica» fuera el número 2 de Exteriores, León. Lo sustancial, en cualquier caso, son las coordenadas de la discusión y el motivo final de la ruptura.

Las reuniones entre Gobierno y ETA se inician con las consideraciones generales de las partes. Constituyen una especie de resumen del proceso para los observadores internacionales presentes en la sala. Los enviados del PSOE aseguran que llegan dispuestos a desbloquear la búsqueda del acuerdo político, aunque insisten en culpar a ETA de tratar de «tutelarlo», en la línea del mensaje patentado por el PNV, que no ha sido invitado a esta ronda por entenderse que supone un obstáculo. Resulta significativo que los representantes de La Moncloa revoquen algunos compromisos adoptados por su parte en 2005 en el marco del acuerdo que llevaría al alto el fuego. Por primera vez alegan que no es posible «detener el Estado de Derecho» y que tampoco cabe lograr el pacto de Estado al que se comprometieron y que situaron como tarea pendiente.

En el otro lado de la mesa, la delegación de ETA detalla una vez más los incumplimientos de compromisos y garantías desde el inicio, y reitera que el atentado de la T-4 respondió a eso. Ante la atenta mirada de los representantes internacionales, des- taca la opción de solucionar un conflicto cuya duración cifra en 200 años, y cita como factor alentador que en Europa son abundantes los ejemplos de resolución de conflictos a partir del reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos.

Las reuniones se intercalan. Gobierno y ETA dan paso a la mesa formada por PSOE y Batasuna de modo intermitente. En las intervenciones del Ejecutivo español y la organización armada se observa una diferencia sustancial, pero quizás no insalvable: para ETA, lo importante es el acuerdo político, cuyo desarrollo está dispuesto a acompañar con sus compromisos de desarme; para el Gobierno, por contra, la clave es la ausencia de lucha armada y el acuerdo se puede ir trabajando.

Esta divergencia de fondo aflora en algunos intensos rifirrafes: según dice uno de los enviados de Zapatero en un momento concreto, ETA está planteando que «o acuerdo ahora o se pone una bomba»; la organización replica acusándole de frivolizar y recuerda que siempre ha aceptado que la búsqueda de consenso se desarrolle en ausencia de violencias.

Tras la tercera reunión, se palpa con claridad que en esta mesa no hay mucho más de qué hablar. La clave está en la otra, donde la izquierda abertzale insiste en el planteamiento de autonomía a cuatro con derecho a decidir y trata de mover el no del PSOE. ETA, en consecuencia, anuncia que no se reunirá de nuevo con el Ejecutivo por dos razones: la clave del desbloqueo es lograr el acuerdo político, y no existen condiciones mínimas para seguir hablando con un gobierno que no ha dejado de vulnerar su palabra.

El 21, por tanto, sólo se sientan PSOE y Batasuna. Dos personas a cada lado. A la salida se confirma que no hay acuerdo político. La negociación entre ETA y el Gobierno queda en situación de ruptura. Y la organización armada comunica a los presentes que queda libre de los compromisos adquiridos en 2005. El 5 de junio anuncia el final del alto el fuego. El Gobierno español ya lo ha avanzado a través de filtraciones a medios cercanos.

9 puntos fueron los presentados por ETA como un desarrollo y concreción de la propuesta formulada en diciembre de 2006. En ellos se fijaba la clave para avanzar en la consecución del acuerdo político entre los partidos vascos, cuestión asumida ya por ambas partes en 2005.

El Gobierno intentó negociar las listas para el 27-M y ofreció legalidad en futuros comicios

La primera de las reuniones entre Gobierno español y ETA en esta fase final se produce en los días en que la Fiscalía y la Abogacía del Estado trabajan intensamente para vetar listas electorales de la izquierda abertzale. La tanda posterior se lleva a cabo ya iniciada la campaña. La cuestión, por tanto, tiene una notable repercusión en el diálogo en ambos momentos, y sirve para probar la diferencia de percepción de las partes por lo que respecta a la caracterización general del proceso.

Así, mientras ETA denuncia que con la ilegalización tanto de ASB como de las candidaturas el Gobierno hace imposible un proceso, el portavoz del Ejecutivo argumenta que hay listas de ANV que han pasado el filtro legal y se sorprende, o lo aparenta, de que «eso no le sea suficiente a ETA».

A la reunión culminada a inicios de mayo, el Ejecutivo llega intentando incluso en su primera intervención negociar con ETA «qué candidaturas se pueden salvar», según muestra la documentación a la que GARA ha tenido acceso. Y lo hacen avanzando de entrada, además, que ya tienen claro que «la mayoría no pasarán».

ETA ni siquiera contesta a este planteamiento concreto. Su reflexión general, ante el mensaje del interlocutor de Zapatero, es que de nuevo se refleja que el Gobierno ha querido utilizar este proceso para intentar «llevar a ETA a la rendición y debilitar-asimilar a la izquierda abertzale».

Frente al intento de usar a ANV en la mesa de negociación, la delegación de la organización armada responde que esta formación histórica tiene la misma legitimidad que cualquier otra para acudir a los comicios, pero que no es la apuesta de la izquierda abertzale. Trae a colación que ésta ya ha acudido al Ministerio del Interior español para inscribir un nuevo partido, Abertzale Sozialisten Batasuna, que sería atacado por el PSOE pocas horas después de su presentación. Desde el Ejecutivo, por contra, se tilda la presentación de ASB como «una iniciativa que parece destinada a confrontarse con la Ley de Partidos». En una reunión posterior, el enviado gubernamental se referiría al nuevo partido incluso como una «provocación».

El debate no va a parar a ningún sitio. El Gobierno no logra que ETA entre a negociar el número de listas que pueden pasar el filtro. Pero en un momento dado su representante hace aún una última pirueta: plantea que, dado que no hay tiempo para cambiar las cosas antes del 27-M, sí cabe garantizar la presencia de la izquierda abertzale en las estatales de 2008 y las autonómicas de la CAV de 2009.

Marcha atrás
Resulta significativo que en su intervención el representante de La Moncloa revoque algunos compromisos adoptados por su parte en 2005 en el marco del acuerdo que llevaría posteriormente al alto el fuego de ETA.

Observadores internacionales presenciaron las últimas reuniones y hablaron con Madrid
En las reuniones finales de mediados de mayo, junto a la presencia habitual del representante del Gobierno español, de los delegados de ETA y de los miembros del organismo encargado del arbitraje, había cinco caras nuevas. El intento de dotar a este encuentro de una mayor efectividad sentó en la mesa a cualificados políticos internacionales en calidad de «observadores»; uno de ellos procedía del país que había sido anfitrión de los contactos iniciales y los otros cuatro componían dos delegaciones distintas con valiosa experiencia en resolución de conflictos políticos.

Los observadores no intervinieron en las reuniones, pero tampoco se limitaron únicamente a escuchar, sino que se reunieron por separado con las dos partes y emprendieron algunas iniciativas destinadas a tratar de facilitar el éxito de las negociaciones. Por ejemplo, contactar con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aunque las reuniones entre Gobierno y ETA finalizaron antes, estos observadores o testigos internacionales continuaron llevando a cabo una participación activa en la mesa de Batasuna y del PSOE.

Después de comprobar que no se alcanzaba el esperado acuerdo político que hubiera desbloqueado todo el proceso, consta que ETA les agradeció el interés mostrado y que lamentó que no hubiera servido su ayuda. Los observadores, en cualquier caso, regresaban a casa con un muy detallado conocimiento de la posición de las dos partes en la mesa de negociación y también sobre sus intenciones futuras.

La organización armada vasca, en concreto, se despidió con el mensaje de que la solución al conflicto vendrá del acuerdo político que no fue posible cerrar el 21 de mayo.

En las conversaciones previas a la ruptura de la negociación, pudieron escuchar asimismo que ninguna de las dos partes cerraba la opción del mantenimiento de los contactos, aunque se admitiera que su continuidad resulta lógicamente más peliaguda en un contexto de enfrentamiento reabierto.

Estos observadores internacionales no fueron los únicos que trataron de contribuir en la recta final de este proceso. La documentación a que ha tenido acceso GARA muestra que, a través del centro que ejerció la mediación en el proceso, partidos vascos también se dirigieron a La Moncloa para pedirle que tomara iniciativas favorecedoras, como la de no actuar contra listas de la izquierda abertzale. A lo que se ve, ninguna de estas iniciativas tuvo éxito.

Propuesta de ETA al Gobierno español en mayo de 2007
«Ante la situación actual de bloqueo en el proceso de negociación y con el objetivo de establecer los pasos que permitan abrir nuevas etapas en el proceso de resolución del conflicto, ETA realiza la siguiente propuesta de

Acuerdo al Gobierno español.

ETA entiende los siguientes puntos como un desarrollo y concreción de la propuesta presentada al Gobierno español en diciembre del 2006, respondiendo a la necesidad de elaborar una estrategia global y común para el desarrollo del proceso y la consecución de los objetivos políticos que garanticen la superación del conflicto.

Acordamos:

ETA y el Gobierno español renuevan su compromiso hacia los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación y establecerán los mecanismos necesarios para su puesta en práctica.

Acordamos:

El Gobierno español se compromete a legalizar el partido político Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) así como las listas populares presentadas para las elecciones municipales y forales.

Tras la legalización de dicha formación política el Gobierno español garantizará que ningún miembro, estructura ni actividad política de dicha organización será objeto de persecución por parte de los poderes del Estado español en el desarrollo de su actividad política.

Se establece mayo del 2007 como la fecha límite para permitir la legalización de la actividad de Abertzale Sozialisten Batasuna.

Acordamos:

El Gobierno español adquiere el compromiso de derogar la Ley de Partidos.

La derogación de la Ley de Partidos se producirá tras la celebración de las elecciones forales y municipales de mayo del 2007, en el plazo máximo de seis meses tras la fecha indicada.

Acordamos:

Los principios establecidos en los apartados correspondientes a la Declaración del Presidente del Gobierno, el Preámbulo y las aclaraciones, serán recogidos en un acuerdo político entre los partidos políticos vascos que garantice la superación del conflicto, en el marco de las conversaciones políticas iniciadas y en los foros constituidos a tal efecto.

El acuerdo político entre los partidos políticos vascos se firmará tras la celebración de las elecciones municipales y forales de mayo del 2007.

Dicho acuerdo político deberá recoger las bases políticas que resuelvan el conflicto:

- La unidad territorial de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, estableciendo un único marco jurídico-político para los cuatro territorios, que deberá ser refrendado por los ciudadanos vascos.

- El derecho de los ciudadanos vascos a decidir libremente su futuro.

El acuerdo político firmado entre las fuerzas políticas vascas y los cambios de marco jurídico-político consiguientes se implementarán y desarrollarán durante la legislatura del Gobierno español que finaliza en 2012, siendo consecuencia de todo ello la resolución definitiva del conflicto político y armado.

Los cambios políticos se realizarán partiendo de la legalidad vigente, que será modificable en el futuro y en ningún caso será un límite para la voluntad del Pueblo Vasco sino garantía de su ejercicio.

Acordamos:

El Gobierno español se compromete a dar los siguientes pasos en la humanización del conflicto y en la desactivación de la legislación de excepción vigente en la actualidad:

- Liberación de los presos políticos vascos que padecen enfermedades graves.

- Derogación de la Doctrina Parot y sus efectos.

- Repatriación y reagrupamiento de los presos políticos vascos en Euskal Herria.

Acordamos:

ETA y el Gobierno español se comprometen a iniciar las negociaciones de la tercera fase.

Dichas negociaciones incluirán los temas concernientes a:

- Presos, exiliados e huidos

- Víctimas

- Desmilitarización

- Comisión de Verificación

- Accidentes

- Decisión sobre la introducción de otros temas sugeridos.

El desarrollo de los acuerdos concernientes a los temas de la tercera fase será acordado entre ETA y el Gobierno español en paralelo a los avances del proceso político, elaborando estrategias de común acuerdo que posibiliten la resolución del conflicto y sus consecuencias.

Acordamos:

ETA y el Gobierno español se comprometen a mantener una situación de distensión bilateral durante todo el desarrollo del proceso de negociación y de implementación de los acuerdos.

ETA se compromete a mantener el alto el fuego permanente y a no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos.

ETA se compromete a expresar de manera pública el mantenimiento del alto el fuego permanente y la anulación de la posibilidad de respuesta armada durante el proceso.

El Gobierno español se compromete a cumplir las garantías establecidas en los acuerdos:

- La disminución palpable de la presencia policial, así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale.

- Garantizar la actividad política de las organizaciones de la izquierda abertzale, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos.

- No realizar detenciones por parte de la Guardia Civil, la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad francesas.

Acordamos:

En el marco de la consecución definitiva de los objetivos políticos y técnicos del proceso de resolución establecidos en este acuerdo, Euskadi Ta Askatasuna (ETA) muestra su compromiso de desactivar la lucha armada y de desmantelar sus estructuras militares».

Euskadi Ta Askatasuna

E.T.A.

Cada vez es más feo lo que habían acordado.

[Esteban]

Esta es la clave

La oferta de acuerdo definida por ETA, por su parte, tenía nueve puntos y una dimensión «diplomática» que fue aplaudida expresamente por la organización internacional experta en mediaciones para resolución de conflictos que colaboró en todo el proceso de nego- ciación y ejerció también el arbitraje en esta ronda final de reuniones.

Perfil diplomático, internacionalización y negociación a varias bandas. Es hora de preguntar a esos mediadores internacionales.

[Esteban]

Nombre y apellidos de uno de los mediadores; el ministro noruego de AAEE. Fuente: ELCONFIDENCIAL.COM

Oslo envió un observador a la última reunión Gobierno-ETA para intentar salvar el proceso de paz

fin de la tregua, ETA

@Óscar López-Fonseca - 25/06/2007

El Gobierno noruego se ha implicado hasta el final en el diálogo entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA. Oslo envió a un destacado representante al último encuentro entre emisarios de Moncloa y dirigentes de la banda armada, celebrado entre los días 14 y el 21 de mayo, con el objetivo de salvar el entonces ya agonizante proceso de paz, según aseguran a El Confidencial fuentes conocedoras de los detalles de dicha cita.

Estas fuentes, sin embargo, no quisieron concretar si dicho observador noruego era el propio ministro de Asuntos Exteriores del país escandinavo, Jonas Gahr Stoere, quien ya había asistido a al menos dos encuentros Gobierno-ETA antes del anuncio de la tregua de marzo de 2006, como adelantó en exclusiva este diario el pasado 12 de febrero (ver noticia).

El diario Gara ya desvelaba en su edición de ayer domingo que, además de representantes de la organización terrorista, del Gobierno español y del Centro Henri Dunant -la ONG suiza que ha realizado labores de mediación durante las negociaciones- aquellos días se sentaron a la mesa “cinco caras nuevas”. El periódico abertzale los calificaba de “observadores” y destacaba que cuatro de ellos “componían dos delegaciones distintas con valiosa experiencia en resolución de conflictos políticos”.

Según algunos medios, una de ellas estaba formada por miembros del Sinn Fein, el brazo político del IRA. El quinto representante -añadía Gara- “procedía del país que ha sido anfitrión de los contactos iniciales”. Éste era, según las fuentes consultadas por El Confidencial, el enviado del Ejecutivo noruego.

Según el diario abertzale, estas cinco caras nuevas “no intervinieron en las reuniones, pero tampoco se limitaron únicamente a escuchar, sino que se reunieron por separado con las dos partes y emprendieron algunas iniciativas destinadas a tratar de facilitar el éxito de las negociaciones. Por ejemplo, contactar con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero”.

Siempre según Gara, los cinco comprobaron que en aquella reunión de varios días no era posible alcanzar “el esperado acuerdo político que hubiera desbloqueado todo el proceso”, aunque también “pudieron escuchar que ninguna de las dos partes cerraba la opción del mantenimiento de los contactos, aunque se admitiera que su continuidad resulta lógicamente más peliaguda en un contexto de enfrentamiento reabierto”.

La colaboración noruega

La primera intervención del Ejecutivo noruego en el diálogo Gobierno-ETA se produjo en noviembre de 2005. Entonces, entre los días 3 y 12 de ese mes, facilitó a los interlocutores de ambas partes una residencia a las afueras de Oslo para que continuaran las conversaciones directas que se habían iniciado en junio de ese mismo año en la localidad suiza de Ginebra.

A aquel encuentro, en el que se acordó poner el calificativo “permanente” a la tregua que ETA anunciaría meses después, asistieron el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el número 1 de la banda, José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, y en ella participaron también dos representantes del Centro Henri Dunant.

La implicación del Gobierno del país escandinavo fue tal, que no sólo sus servicios secretos se encargaron de la seguridad de todos los participantes en la misma, sino que el propio ministro de Asuntos Exteriores estuvo presente al inicio de la misma.

Como adelantó este diario, Jonas Gahr Stoere saludó a los participantes y les ofreció la colaboración de su Ejecutivo para solventar cualquier problema que surgiera durante los encuentros. Jonas Gahr Stoere, de 46 años de edad, se había incorporado al gabinete laborista del primer ministro Jens Stoltenberg en octubre de 2005, sólo un mes antes de ese primer encuentro entre emisarios de Rodríguez Zapatero y miembros de la banda en Oslo.

Precisamente, su nombramiento había tenido como objetivo reforzar el papel de su país como mediador en diversos procesos de paz. Para ello, una de las primeras medidas que tomó al acceder a la cartera fue crear en su departamento una sección especial llamada ‘Paz y Reconciliación’.

La segunda fue la retirada del apoyo noruego a la lista de organizaciones terroristas de la UE en la que están incluidas ETA y Batasuna. El país escandinavo justificó entonces esta decisión, precisamente, por su papel de facilitador en un proceso de paz que entonces no quiso especificar.

En las entrevistas que ha concedido, Jonas Gahr Stoere ha contestado siempre con un “sin comentarios” cuando se le ha preguntado por el papel de su país en las negociaciones con la banda armada. Curiosamente, el 13 de marzo del año pasado -sólo nueve días antes de que ETA anunciase la tregua-, Stoere estuvo en España para reunirse con su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos. Durante su visita, el ministro noruego inauguró la mesa redonda Enfocar conflictos y construir la paz, en el Real Instituto Elcano.

Ya se sabe...OLP e Israel, ETA y España. Negociaciones noruegas, vamos...

[Esteban]

Una vez más, Eguiguren, ahora en la agenda del etarra "negociador". Él y el comisario ex jefe de seguridad del PSOE. Ambos estaban en el registro de llamadas del etarra Yurrebaso (LARAZON)

Uno de los teléfonos que tenía el etarra Yurrebaso era de un miembro del PSE

Jesús Eguiguren y el ex jefe de seguridad del PSOE recibieron llamadas desde ese mismo número


El juez Del Olmo se negó a inhibirse en favor de Garzón en el caso de los contactos entre el Gobierno y ETA

J. M. Zuloaga
Madrid-Uno de los números de teléfono españoles que llevaba en su poder el presunto etarra Juan Carlos Yurrebaso, perteneciente al «aparato negociador» de ETA, tenía numerosas llamadas de las que cabe deducir que había sido utilizado por un miembro del Partido Socialista de Euskadi (PSE) que actuaba como «fontanero» en las conversaciones con la banda criminal, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación.

De los dos números españoles que Yurrebaso entregó a los agentes que le detuvieron en Francia, a finales del pasado mes de marzo, uno estaba prácticamente «limpio» (no había llamadas), pero el otro había sido utilizado repetidamente, incluso antes de ser facilitado al citado etarra.

Grave error

Las fuentes consultadas subrayan el hecho como un «grave error» fruto de la confianza y seguridad con la que actuaban los referidos «fontaneros», que representaban al Gobierno en las negociaciones con la banda criminal ETA.

El número de teléfono fue usado para llamar, tal y como adelantó LA RAZÓN, a sedes del PSE; y también al dirigente de este partido Jesús Eguiguren, que ha participado en las conversaciones con ETA desde el principio, y al que fuera jefe de seguridad del PSOE, el comisario Fernando Mariscal. Estas personas han recibido llamadas de ese teléfono pero no son los usuarios, según las referidas fuentes.

Los investigadores no se aciertan a explicar las razones por las que se facilitó a Yurrebaso el número de un teléfono al que se iba a dar, o se la había dado, un uso que no fuera el de los contactos con el terrorista. «Se trata de un fallo de seguridad que ha dejado un rastro, unas pistas» que podrán ser seguidas en función de lo que decida la jueza francesa que se encarga de este asunto, Laurence Le Vert.

La magistrada ya tiene en su poder la respuesta, remitida por el juez Del Olmo, de la Audiencia Nacional, que las autoridades españolas han dado a las preguntas que hacía en torno al papel de Yurrebaso y a los mencionados teléfonos.

En este sentido, señalaron que una investigación en profundidad, cruzando llamadas y con otro tipo de pesquisas, podría permitir, si la Justicia así lo solicita, identificar al usuario del número telefónico, que, como el otro, corresponde a tarjetas de prepago adquiridas en un centro comercial del País Vasco.

Según se recoge en la comisión rogatoria que la juez Le Vert remitió a las autoridades españolas, y de cuyo contenido informó en exclusiva LA RAZÓN, Yurrebaso, tras ser detenido, explicó que los números de teléfono que llevaba, dos franceses, de un alto mando policial ya identificado, y dos españoles, correspondían a personas que ordenarían su puesta en libertad en el caso de que fuera arrestado de forma fortuita.

Los números españoles, según Yurrebaso, le fueron entregados en la propia «mesa de negociación» por los representantes del Gobierno de Madrid. También dijo que las conversaciones continuaron pese al atentado contra el aeropuerto de Barajas, en el que murieron dos súbditos ecuatorianos, y que el objeto de las conversaciones era lograr que «cuatro provincias españolas pudieran ejercer el derecho de autodeterminación». Se refería a las tres del País Vasco y a Navarra, cuya anexión pretende ETA.

[pagano]

Entrevista hoy en El Mundo al ministro de Justicia que reconoce explícitamente que hay actas de las negociaciones políticas con ETA.

[Esteban]

Lo que sabe la juez Le Vert, según DIARIOCRITICO

ETA: La clave la tiene la juez Le Vert
28-07-2007
Ni Baltasar Garzón –que, no obstante, tiene muchísimas claves- ni Grande-Marlaska ni mucho menos Juan del Olmo: las claves del proceso con ETA, los negociadores por parte de la banda y sus interlocutores en los Ministerios del Interior español y francés las tiene la juez gala Laurence Le Vert, magistrada de la XIV Sección Judicial de París.

Le Vert ha estado un tiempo muy enfadada con las autoridades españolas, porque ya en junio de 2006, en el punto álgido de las conversaciones Gobierno-ETA, estuvo a punto de detener a la cúpula etarra, pero entonces una filtración desde España lo impidió. Entonces, la magistrada francesa, dedicada desde hace años a combatir el terrorismo etarra y que tiene en su haber destacados éxitos, había conseguido datos sobre una inminente reunión de la cúpula de la banda. Para su sorpresa, cuando los agentes montaron el dispositivo y se apostaron en el lugar indicado, no llegó nadie. La juez supo luego que los dirigentes de ETA habían recibido el mensaje de que no acudieran a la cita prevista.

Ese episodio enfadó, lógicamente, a la juez, de tal manera que hay quien piensa que algunas de las detenciones que luego se practicaron por su mediación y en momentos culminantes del proceso fueron, precisamente, en ‘respuesta’ a la ‘jugarreta’ de junio de 2006.

Pues bien, Le Vert tiene en su despacho todas las claves de lo que pasó entre el Gobierno y ETA, o casi todas. Tiene, por ejemplo, los teléfonos y nombres de los contactos de los etarras con el Ministerio del Interior español y los respectivos en el de Interior galo e incluso en las cercanías del Elíseo. Sabe quiénes han sido de verdad los negociadores por el Gobierno de Zapatero y, desde luego, sus interlocutores en la banda armada.

No todos los datos que tiene Le Vert los tiene la Justicia española. Por ejemplo, no los tiene Baltasar Garzón, quien, sin embargo, sí tiene otras cosas que a Le Vert le gustaría saber. ¿Acaso al ‘filtrador?

[Esteban]

Batasuna, PSE y PNV acordaron un borrador de acuerdo con dos mesas en Euskadi y Navarra, que finalmente no se firmó
BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Batasuna, PSE y PNV acordaron un borrador de acuerdo que contemplaba la creación de dos mesas de partidos políticos, una para Euskadi y otra para Navarra, que finalmente no se firmó.

Según informa hoy el diario DEIA, este borrador acordado fue el fruto de las negociaciones que mantuvieron en el Santuario de Loyola Josu Jon Imaz e Iñigo Urkullu, ambos por el PNV, Jesús Eguiguren, Rodolfo Ares y José Antonio Pastor, por el PSE, y Arnaldo Otegi, Arantza Santesteban, Rufino Etxeberria y Olatz Dañobeitia, por Batasuna.

Al parecer, los encuentros habrían comenzado entre PSE y Batasuna tras el anuncio del alto el fuego de ETA, pero dos meses después se quiso contar también con el PNV para realizar reuniones a tres bandas.

[pagano]

Hace unos días salió en algún medio de comunicación (mo me acuerdo cuál) quienes eran los titulares de los dos números telefónicos españoles que tenía el etarra Yurrebaso en su poder en el momento de su detención: uno corresponde a un ex comisario de Policía afín políticamente al PSOE y el otro a un ex parlamentario del mismo partido. Ese medio de comunicación dio ambos nombres. No ha sido desmentida esa información.