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El Tribunal Superior de Londres ha rechazado este viernes la extradición a España del etarra convicto Antonio Troitiño, reclamado por pertenencia a la banda terrorista ETA.

El juez Roger Thomas ha aceptado el recurso de la defensa contra la entrega al considerar que la Audiencia Nacional no ha cumplido con los nuevos requisitos introducidos el año pasado en la Ley de Extradición británica de 2003.

No han estado presentes en la vista de hoy para escuchar el veredicto ni Troitiño y sus abogados ni la fiscalía, que representa a las autoridades españolas, que deberán sopesar ahora si presentan un recurso ante una instancia superior.

La nueva cláusula 12A de la Ley de Extradición exige a los Estados demandantes asegurar que la ausencia física del procesado es «el único motivo» por el que no puede fijarse fecha de juicio y hacer avanzar las diligencias judiciales en el país.

La Audiencia Nacional alegó que esa es efectivamente la única razón por la que no hay fecha de juicio para Troitiño, pero no dio explicaciones de por qué no trató de ponerse en contacto con él por videoconferencia u otros mecanismos (lo que hubiera permitido impulsar las diligencias).

La falta de justificación por parte de España ha motivado que lord Thomas, máxima autoridad de la judicatura en Inglaterra y Gales, favoreciera el recurso de la defensa, lo que ha tildado de «lamentable».

Thomas ha aclarado que ha desestimado el resto de los argumentos contra la entrega presentados por el abogado defensor, Mark Summers, en particular «las críticas a la imparcialidad del sistema judicial español».

Summers había alegado que había en España una «persecución» de su cliente y de otros presos de ETA y había argumentado que se había producido un abuso de proceso, pues es el tercer juicio de Troitiño en el Reino Unido.

Tras fracasar el primero en 2013, al derogar el Tribunal de Estrasburgo la doctrina Parot –que se le quería aplicar de forma retroactiva–, la Audiencia Nacional pidió la detención y entrega de Troitiño en otras dos ocasiones y le acusó entonces de posesión de documentos falsos y pertenencia a ETA, aunque el primer cargo ahora se ha retirado.

La Policía Nacional ha traslado hoy desde París a Madrid a la etarra Alaitz Aramendi Jaunarena, entregada de forma temporal por las autoridades francesas a la Audiencia Nacional para ser juzgada por tres tentativas de asesinato, integración en banda armada, estragos y tenencia de explosivos.Según informa la Dirección General de la Policía, Aramendi Jaunarena, nacida en Bilbao en abril de 1978, fue detenida en septiembre de 2007 en la localidad de Cahors (Francia) junto a Ander Múgica Andonegi, José Ignacio Iruretagoyena y Ohian Barandalla.Los cuatro arrestados se encontraban en el interior de una vivienda que utilizaban como laboratorio para fabricar explosivos, la base operativa desde la que se preparaban y organizaban buena parte de las actividades de ETA en esa época.En concreto, los expertos en la lucha antiterrorista señalaron que dicha vivienda, en la que fueron hallados 350 kilos de explosivo, una bomba-lapa y 30 detonadores, se había convertido en la "fábrica" de coches-bomba de ETA y en el "centro de formación" en el que la banda confeccionaba el material destinado a la instrucción de los terroristas. El por aquel entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, apuntó que los cuatro detenidos formaban "el núcleo duro del atentado" contra la T-4 de Barajas y el frustrado de Castellón.En 2013 Aramendi fue condenada por la justicia francesa junto con otros nueve etarras, entre ellos cuatro jefes de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina "Txeroki", Aitzol Iriondo, Jurdan Martitegui y Mikel Carrera Sarobe "Ata", a una pena de 18 años de prisión. Además de por integración en banda armada, los etarras fueron condenados por el secuestro en el suroeste de Francia de una familia de Orio (Guipúzcoa) a la que robaron el vehículo para cometer el atentado, finalmente fallido, en Castellón.