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La Audiencia Nacional ha condenado a 35 años de cárcel al ex integrante del comando Madrid de ETA Javier Abaunza Martínez por el asesinato a tiros del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador, perpetrado el 10 de febrero de 1997, a pesar de que no ha quedado acreditado si fue él quien disparó.

La sentencia de la Sección Segunda de lo Penal condena también a Abaunza, detenido en Francia en 2002 y entregado a España en 2008, a indemnizar con 900.000 euros a los herederos de la víctima. El tribunal considera que fue Abaunza u otro miembro del comando que le acompañaba el que "disparó a la cabeza del magistrado, a corta distancia, con una pistola", lo que causó su muerte casi inmediata.

"Al margen de que fuera el acusado o el acompañante el que disparó el arma, [Abaunza] tuvo dominio en el sentido de que la ejecución del hecho dependió de su voluntad, bien que en colaboración, o más exactamente en comunión, con el otro interviniente si es el que ejecutó el acto materialmente", explica la resolución.

Los detenidos son Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García Rivera, Juan Carlos Artola Díaz, María Asunción Gorrochategui Vázquez, José María Urquijo Borde y Asier Arronategui Duralde, y todos ellos, según detalla el escrito de acusación provisional del Ministerio Público "dentro de la estructura estable de ETA, plenamente desarrollada en México, representan un papel relevante los imputados, que habían constituido un colectivo en ese país".

"El comité actuaba siguiendo las directrices políticas y organizativas que emanan de la dirección de ETA, constituyéndose en la estructura de coordinación con la organización terrorista y de acuerdo a sus, complementaba los objetivos logísticos, financieros y estructurales que ETA no consigue desarrollar de forma plena en Francia", concluye el Fiscal, que especifica cómo era el acusado Asier Arronategui, quien facilitaba la provisión de fondos a la dirección de ETA en Francia, que posteriormente enviaba el dinero a los responsables del colectivo en México.

Estas transferencias de dinero sirvieron para cubrir necesidades de infraestructura propias y para financiar a algunos miembros de ETA en México, entre los cuales podría haber terroristas a suledo de la banda.

El fiscal encargado del caso, el coordinador en materia de terrorismo etarra en la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, afirma que "la estructura de dicho colectivo de refugiados de México se desarrolla en 'taldes' dirigidos por un comité de coordinación que componían cuatro o cinco personas del colectivo y que era presidido por un responsable, subordinado funcional y orgánicamente a la dirección de ETA en Francia".

En ese sentido, el acusado Juan Carlos Artola Díaz era el responsable actual del colectivo en México; Ernesto Alberdi, alias 'Raka' estaba al frente del talde del Estado de Puebla; Asier Arrona en Monterrey; José María Urquijo, 'Kinito' en el Estado de Quintana Roo; María Asunción, 'La Rubia' en el Estado de Oaxaca y Felix Salustiano 'Yiyo' del Estado de México y el Distrito Federal.

Además, en este grupo era clave la función de Ángel Ochoestesana, que no está a disposición del tribunal y que formaba parte del denominado aparato logístico con responsabilidades financieras en el seno del comité de coordinación del colectivo hasta su detención en Francia.

Previamente, este acusado en situación de rebeldía abrió varias cuentas bancarias y de inversión en entidades mexicanas con la finalidad de dar cobertura y financiar a los miembros de la organización ubicados en ese país, con una cantidad proporcionada por ETA entre 2001 y 2002 de 162.000 euros.

"La mayoría de los militantes a los que se les hace entrega de dinero son integrantes del Aparato de Logística", explica la Fiscalía que, no obstante, añade como "también se emplearon fondos para entregarlos a otros militantes como 'Otsagui', identificado como Juan Antonio Olarra Guridi (responsable del aparato militar) por lo que el dinero se entregaba al aparato logístico y ocasionalmente a otros responsables de ETA".

El ex miembro del ‘comando Madrid’ de ETA, José Ignacio de Juana Chaos, podría ser extraditado a España de manera inminente para ser juzgado por la Audiencia Nacional. Representantes del Gobierno han viajado a Belfast para que la justicia norirlandesa autorice cuanto antes el traslado del terrorista.
El pasado 2 de agosto se cumplió un año de la salida de prisión de De Juana Chaos. Viajó desde la prisión de Aranjuez (Madrid) hasta San Sebastián, donde esa misma noche un nutrido grupo de simpatizantes ‘abertzales’ recibieron al etarra por todo lo alto. De Juana leyó una carta en la que pedía “aurrera bolie” a sus “correligionarios”, es decir, “adelante la pelota”, una expresión acuñada por el histórico dirigente etarra ‘Txomin”, a quien definió como un “gran hombre”.

Por la lectura de esta misiva, la Audiencia Nacional le imputó un delito de enaltecimiento del terrorismo y solicitó al juzgado de Belfast su extradición para ser juzgado en España. En marzo, el magistrado Thomas Burgess dictaminó que este delito tiene su equivalente en la ley británica y que, por tanto, podía ser extraditado. La defensa de De Juana recurrió la sentencia, la cual se encuentra a día de hoy en el tribunal de apelación de Belfast.

La intención del Gobierno es que De Juana llegue a España cuanto antes para ser juzgado por el juez Eloy Velasco, titular del juzgado número dos de la Audiencia Nacional. Según ha podido saber El Confidencial Digital, el traslado del etarra podría producirse incluso, si se cumplen los plazos previstos por el Ejecutivo, en el próximo mes de septiembre.

De hecho, el Gobierno está trabando intensamente en este asunto y ha enviado a un grupo de emisarios a Belfast para intentar acelerar el fallo del tribunal de apelación norirlandés.

De Juana huye de los protagonismos

El terrorista se encuentra en libertad vigilada desde el pasado 17 de noviembre, precisamente el mismo día en que fue detenido en Francia el dirigente etarra ‘Txeroki’. De Juana lleva en Belfast una vida solitaria y tranquila. Está intentando aprender inglés, aunque al ex reo etarra tiene algunas dificultades con el idioma.

No se puede entender, por tanto, con sus vecinos ya que sólo habla el castellano. Según aseguró la periodista Begoña Aranguren en RNE, De Juana está alejado de todo el ‘circo mediático’, no concede entrevistas (sólo ha autorizado una a un diario local) y asegura querer estar tranquilo rodeado de los suyos.

De hecho, una ‘cuadrilla’ de jóvenes vascos suele acompañar a De Juana en sus escasas apariciones públicas. Según Aranguren, al terrorista tampoco le agradan estas compañías.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha notificado hoy los autos que afectan a tres dirigentes proetarras procesados por un delito de integración en organización terrorista en la causa de las «herkos tabernas», los locales a través de los cuales la ilegalizada Batasuna auspició las arcas de la banda armada ETA. La Sala, como hoy publica ABC, tenía previsto prorrogar la prisión preventiva para Joseba Permach, Joseba Álvarez y Juan Cruz Aldasoro, y así lo ha hecho por otros dos años más, ante el riesgo de fuga. Los tres dirigentes, junto al histórico dirigente de Batasuna Rufino Etxeberría, para quien ayer se decretó la puesta en libertad, fueron encarcelados por el juez Baltasar Garzón hace dos años por su integración en ETA.
La decisión de dejar en libertad a Etxeberría se justifica por que se ha vencido el plazo máximo de cuatro años de prisión provisional –a la espera de juicio- fijada por la Ley. En concreto, Etxeberría ha estado encarcelado por esta causa de mayo de 2002 a abril de 2004 y, posteriormente, de octubre de 2007 hasta la actualidad, lo que suma casi cuatro años de prisión provisional. Abandonó la prisión madrileña de Aranjuez ayer a las 19.00 horas. A pesar de quedar en libertad, la Audiencia Nacional ha impuesto a Exteberría la obligación de comparecer semanalmente ante los juzgados, así como le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido abandonar el territorio nacional.
«Riesgo de que vuelvan a delinquir» en la calle
Por su parte, Permach, Aldasoro y Álvarez llevan menos de dos años en prisión provisional. Los cinco magistrados de la Sección Segunda decidieron prorrogar la prisión preventiva que pesa sobre estos tres dirigentes de Batasuna al entender que existe un gran riesgo de que intenten fugarse si quedan en libertad.
También han valorado la gravedad de la pena a la que se podrían enfrentar –entre 10 y 14 años de prisión por integración en ETA-, así como el riesgo de que vuelvan a delinquir si quedan en libertad.
Permach, Aldasoro y Álvarez, al igual que Etxeberria, fueron detenidos junto con otros 15 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna en la operación ordenada por el juez Garzón contra la cúpula de la formación ilegalizada y que fue llevada a cabo en la localidad guipuzcoana Segura.
En el auto por el que decretó su ingreso en prisión preventiva, Garzón subrayaba que, tras "la escalada exponencial de acciones terroristas" llevadas a cabo por ETA desde el final de la tregua, no podía interpretarse la actividad de la ilegalizada Batasuna "de forma aislada", sino como "coadyudante" de la organización terrorista.
En los autos hechos públicos hoy, de los que ha sido ponente el magistrado Enrique López, se subraya que se deben tener en cuenta los indicios que sitúan a los procesados “en una plena integración de la banda criminal a través de su actividad en Batasuna”.
Además, se indica que si quedase en libertad, Permach, Aldasoro y Álvarez podrían “volver a realizar actos propios de la presunta pertenencia a la banda ETA así como la asunción de un nuevo papel en la misma, intentando que el entorno de Batasuna y las agrupaciones que la pretende sustituir, elección tras elección, sigan estando presente en la sociedad española”.
Sobre el riesgo de fuga, la Sala señala que la relación de los procesados con ETA “generan una suerte de convicción sobre la facilidad que tendría de huir”.