El Estado utiliza a los espías privados pero no los controla
Tres organismos públicos ya contrataron servicios privados de inteligencia. Otros los consultaron por cursos de capacitación. A las agencias les interesan esos contactos para lograr nuevos negocios.
Lo dijo muy seguro: "Al noventa por ciento de la información de Inteligencia hoy se la consigue por Internet".
Fernando de Santibañes acababa de asumir al frente de la SIDE y ya daba una definición de peso, ajena a lo que se espera de un banquero. Lo que pocos sabían es que la había tomado prestada de Jules Kroll, el hombre de la CIA que fundó una de las agencias que se instalaron en la Argentina.
Más allá de su originalidad, la frase, dicha el último verano, revela la estrecha relación entre algunos funcionarios del Gobierno y los espías estadounidenses. El Estado argentino asume la llegada de los nuevos servicios de inteligencia privados y los utiliza, aunque no los controla.
En febrero fue nada menos que José Massoni, jefe de la Oficina Anticorrupción, quien usó los servicios de la agencia Kroll. El encargado de indagar en las travesuras de los funcionarios públicos, actuales pero sobre todo de la era menemista, envió a una decena de sus propios empleados a las oficinas de Kroll en Puerto Madero, para un taller de introducción a la investigación.
Durante tres días les enseñaron técnicas para buscar y almacenar datos, estrategias para manejarse con las fuentes y sobre cómo manejar la información. "Obvio que no nos explicaron cómo pinchar teléfonos", bromeó uno de los asistentes.
¿Hasta dónde llega la relación entre las agencias y el Estado? ¿Hasta dónde debería llegar? Esta sociedad aparece marcada por la necesidad del Estado de buscar mejor eficacia, que supone que pueden darle las agencias, y en la necesidad de las agencias de usar sus vínculos con el Estado para ganar negocios. Pero le falta algo. Hoy en la Argentina no existe ningún tipo de control. Ningún funcionario está seguro de cuántas agencias son ni qué hacen.
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Tenía su propio despacho, auto oficial con chofer y hasta dirigía un grupo de asesores. El secretario de Seguridad, Enrique Mathov, lo presentaba como su mano derecha y decía: "Es el director de Inteligencia". Era Alejandro Ruiz Laprida.
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Los directivos de las agencias se jactan de sus contactos con los políticos e intentan acercarse lo más posible. Uno de los motivos es que los hombres del poder político —funcionarios o diplomáticos— pueden hacer recomendaciones a los empresarios: pudo verse en el caso del Exxel Group, que compró las empresas de Alfredo Yabrán y antes de contratar a Kroll consultó a la Embajada de Estados Unidos.
El otro motivo es menos transparente. Al menos dos de las agencias que ya se instalaron en el país —Smith-Brandon y Trident— y una de las que llegarán en los próximos meses —Pinkerton—, además de dar servicios de investigaciones procuran vender "fierros" al aparato del Estado. Esto es: tecnología de espionaje, armas, scanners para detectar escuchas ilegales o sistemas integrales de seguridad.
Alejandro Ruiz Laprida, hoy representante de Smith-Brandon, a fines del año pasado, cuando todavía era autónomo, gestionó una venta de chalecos antibalas a la Policía Bonaerense. Para Ruiz Laprida sus contactos con el poder valen oro. Tiene una larga carrera dentro del radicalismo, es amigo del secretario de Seguridad Enrique Mathov, con quien trabajó hasta mayo "como asesor", pero además fue concejal de la Capital y formaba parte del riñón de uno de los mayores operadores radicales, Enrique "Coti" Nosiglia.
Distintos testigos, los mismos que aseguran que se presentaba como jefe de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad —cargo inexistente—, revelaron que a Ruiz Laprida casi lo nombran subsecretario. Lo evitó la queja de Antonio de la Rúa, hijo del Presidente, quien sospecha que Ruiz Laprida estuvo involucrado en las escuchas telefónicas que le hicieron a él y a su hermano Aíto en 1998.
Los contactos de Ruiz Laprida alcanzan a la primera línea de la Prefectura, de la Policía Bonaerense y la Federal. Hay quienes dicen que influye como pocos en el actual jefe de esa Fuerza, el comisario Ru-
bén Santos, al que le acerca sus contactos con el FBI. ¿A cambio de qué? El tiempo dirá. Su amistad con Mathov promete conflictos. La ausencia absoluta de control sobre este nuevo fenómeno ha empezado a instalar cierta preocupación en el Gobierno. Y Mathov ya le propuso al ministro del Interior, Federico Storani, la creación de un registro único de las agencias de investigaciones que dependa de su Secretaría. ¿Deberá autorizar a su amigo? En el Ministerio, se dijo que Storani, para no ceder ese control en Mathov, impulsará la idea de que los registros sean de jurisdicción provincial.
El poder de llegada de Ruiz Laprida demuestra que cuando Harry Brandon, ex FBI y dueño de la agencia Smith-Brandon, lo eligió como su representante local, pensó en términos de lobby político. Una manera de asegurarse puertas abiertas. Una manera que todas las agencias, por igual, repiten a su tiempo.
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"Necesitamos recurrir a la cabeza: alguien del Ministerio de Economía o mejor aún el Presidente. Si podemos hacer eso, vamos a llegar a una situación en la que todos ganaremos, con beneficios de miles de millones."
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Ese fragmento pertenece a una carta que le envió el director de la agencia Trident, Tony Postigo, a su representante en la Argentina. John Battaglia anda con esa carta bajo el brazo y la muestra a quien quiera para demostrar que existe. Necesita hacerlo porque su agencia se mueve en circuitos tan subterráneos que la conocen sólo sus posibles clientes.
Parece difícil que Battaglia —con su voz pretenciosamente americana, típica de las películas mal dobladas— acceda a la protección de Fernando de la Rúa. De todos modos, sus vínculos con las Fuerzas Armadas y de seguridad ya le han dado resultados. Se lo ha visto pasear manso por el Círculo Naval, en Córdoba y Florida; lo detectaron reunido con un jefe de la Prefectura Naval y se asegura, en el propio Gobierno, que está por venderle a esa Fuerza alguna tecnología para el espionaje.
Aún más: Battaglia está negociando con un coronel del Ejército para vender un sistema de cámaras inteligentes que se colocan en la panza de los aviones. Son provistas directamente por el coronel Oliver North, quien fue asesor de Ronald Reagan. "Es posible que el propio North venga a hacer una demostración", dijo uno de los rivales de Battaglia.
Los vínculos con factores de poder son acaso la única razón de ser de Battaglia y su negocio. Admirador de gente como Massera y Astiz, es capaz de juntar en una cena a Raúl Guglielminetti y a Leandro Sánchez Reisse, ex miembros de los Grupos de Tarea del Ejército durante la dictadura que colaboraron con la CIA, donde trabajaba Battaglia, en la lucha contra el sandinismo de Nicaragua en los años 70. Una frase los explica a él y a sus amigos: "Somos como las prostitutas; no nos involucramos con nuestros clientes".
En un nivel mucho más directo se mueven, desde el vamos, las otras agencias. En el caso de Pinkerton, el ex jefe de la Federal Adrián Pelacchi apuesta abiertamente a sus vínculos con los funcionarios del Estado para conectar clientes. Y destaca el avance de las agencias de investigaciones como "una buena salida laboral" para los policías retirados.
Bien lo sabe su colega de la provincia de Buenos Aires, el comisario mayor Víctor Fogelman, que se retiró de la Policía como un jefe en las sombras. Hoy Fogelman cobra dos veces más de lo que ganaba en la Fuerza, haciendo trabajos para Ruiz Laprida en Smith-Brandon. Su especialidad: el sistema Excalibur. Su objetivo: buscar datos sobre el aparato de seguridad del Exxel Group, rival del primer cliente de Ruiz Laprida, Aeropuertos 2000.
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El entrevistado es directivo de una agencia:
—Queríamos saber cuáles son clientes...
—No podemos revelarlo.
—¿Algún organismo público?
—No podemos revelarlo.
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Las agencias de investigaciones, todas ellas, se comprometen con sus clientes a no nombrarlos jamás. Lo llamativo es que esto se cumple aun si el cliente es el propio Gobierno. Al no existir una regulación específica, las agencias no tienen por qué decir si la DGI les pidió que rastreen los antecedentes de tal o cual personaje, o si la SIDE encargó el seguimiento de alguien.
El vacío legal permite que el Estado delegue funciones sin riesgos de ser controlado. Algunas fuentes consultadas, incluso empleados de la agencia Kroll, han dicho que al menos tres organismos públicos ya hicieron encargos. Pensar entonces en una Inteligencia paralela no parece tan descabellado, con el agregado de que esto implicaría la penetración de los servicios extranjeros en ese rol del Estado.
En la SIDE, las intrigas de sus agentes sugieren que Santibañes ya intenta tercerizar algunos de sus servicios. Algo de eso se notó apenas asumió, cuando contrató a dos consultoras —la multinacional Price-Waterhouse y la argentina Maqui Palacios— para verificar cuentas del organismo. Aunque la versión oficial asegura que "de ninguna manera se delegarán los servicios de espionaje" —lo dijo un asesor de Santibañes—, lo cierto es que ya se pidió colaboración al menos para asuntos periféricos. Hoy hay cuarenta agentes de la SIDE, elegidos a dedo, que reciben asesoramiento de la agencia Kroll.
En hechos puntuales, ya se están dando algunos casos bien criollos de tercerización. Es el que ensaya el ministro de Obras Públicas, Nicolás Gallo, que contrató a Luis Moreno Ocampo para que audite los contratos delicados de su gestión, función que debiera ejercer la Auditoría General de la Nación. El ex fiscal hace algo similar a lo que las agencias de investigaciones extranjeras. De hecho, hasta el año pasado trabajó junto a Holder, la cara local de Kroll, vínculo que acabó con una ruidosa ruptura, acusaciones cruzadas e insultos que hoy repiten por separado.
Con cámaras ocultas y un sistema Excalibur, Moreno Ocampo también colaboró con la Oficina Anticorrupción. Pero no es difícil profetizar que este vínculo se romperá. El último trabajo de Moreno Ocampo consistió en denunciar al ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, y al jefe de la SIDE, de intentar influir en una causa judicial que enfrenta a la familia dueña del Banco de Galicia. Moreno Ocampo, claro, es abogados de una de las partes.
¿Serán, entonces, los espías de EE.UU. los encargados de hacer el trabajo donde el Estado argentino fracasa? La inteligencia parece seguir el camino de las industrias nacionales: se globaliza y se desnacionaliza.